La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, aseguró que la agencia que dirige sí tiene facultad para intervenir en defensa de los ciudadanos aun cuando las reclamaciones sean contra el propio gobierno. Explicó que, contrario a la percepción de que DACO solo puede fiscalizar a empresas privadas, la Ley Orgánica de la agencia le otorga un mandato amplio para representar al consumidor frente a cualquier entidad que lo perjudique.
“Yo me he leído mi Ley Orgánica varias veces y no encontré en ningún lado una limitación que me prohíba llevar acciones contra el gobierno. De hecho, el artículo cinco y seis son claros: DACO puede accionar no solo cuando hay un daño ya sufrido, sino también cuando se anticipa que podría ocurrir”, afirmó en entrevista con Punto por Punto con Metro Puerto Rico. Su respuesta surgió ante cuestionamientos sobre si la jurisdicción es exclusiva del Ombudsman.
Actualmente el DACO mantiene un pleito que acogió el Tribunal Supremo sobre si el Negociado de Energía de Puerto Rico podía dar al operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica, LUMA Energy una inmunidad para reclamaciones por daños. Rodríguez Erazo reconoció que ese pleito pudo llevarlo el Ombudsman.
La secretaria recordó que, históricamente, los consumidores podían reclamar ante la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando sufrían daños en sus enseres por fallas en el sistema eléctrico, y que en esos procesos se pagaban indemnizaciones o se otorgaban créditos. Sin embargo, tras la privatización con LUMA Energy, el Negociado de Energía eximió a la empresa de esa responsabilidad, lo que dio paso a la controversia legal.
“Lo que buscamos es que LUMA no tenga un privilegio distinto al que tuvo la AEE o cualquier otra compañía. Si hubo negligencia y el consumidor sufre un daño, debe tener derecho a reclamar. Ningún contrato puede estar por encima de la ley”, sostuvo.
Actualmente, el Tribunal Supremo acogió el recurso presentado por DACO y se encuentra evaluando los planteamientos. Rodríguez Erazo explicó que el objetivo es que el máximo foro declare inconstitucional la exención otorgada a LUMA, lo que abriría la puerta a que se establezca un procedimiento para atender querellas de este tipo.
La funcionaria indicó que, de salir victoriosos, no habría que “reinventar la rueda”, pues la empresa podría utilizar el mismo modelo que tuvo la AEE. “Si realmente tienen compromiso con Puerto Rico, deberían incluso crear un programa mejor”, apuntó. Al mismo tiempo, reconoció que DACO aguardará por la decisión del Supremo antes de explorar si esa misma lógica puede aplicarse en los casos de falta de servicio de agua en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), dado que ya reciben quejas ciudadanas relacionadas.
“Nunca he pensado en aspirar a un puesto electivo”
Al abordar la posibilidad de una futura aspiración a un cargo electivo, Rodríguez Erazo explicó que, a pesar de provenir de una familia vinculada a la política, nunca ha considerado seriamente aspirar a un cargo electivo.
“Pensé más si debía aceptar un puesto público que si algún día sería candidata. No le he dado cabeza a eso y hoy mi prioridad son mis hijos y las tareas de DACO”, afirmó. La funcionaria sostuvo que, aunque no descarta nada a futuro, por ahora está enfocada en atender las quejas ciudadanas y los retos regulatorios de la agencia.
En cuanto a la vinculación que recientemente hizo el León Fiscalizador sobre su esposo Elías Sánchez incidendo en su gestión y cómo ella lanzó una advertencia por una demanda que sigue viva, la abogada dijo que fue parte de lo que pesó en su juicio sobre aceptar un cargo público. Rodríguez Erazo se refirió a la demanda por difamación que ella y su esposo mantienen contra figuras de los medios de comunicación. Dijo que el proceso inició tras años de publicaciones que, a su entender, dañaron la reputación de ambos.
Según explicó, de las 20 alegaciones presentadas, el tribunal desestimó algunos, pero una docena continúa y se encamina a juicio. “Fue un proceso difícil, yo misma redacté parte del escrito inicial. Es un estándar legal bien alto porque somos figuras públicas, pero estamos preparados para defendernos”, indicó.