El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó la cancelación de la protección del Servicio Secreto a la ex-vicepresidenta Kamala Harris, una medida que había sido extendida por el expresidente Joe Biden más allá del término establecido por ley.
La decisión, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, generó una ola de críticas y reacciones políticas a nivel nacional.
De acuerdo con la normativa federal, los ex-vicepresidentes solo cuentan con seis meses de protección del Servicio Secreto una vez culminan su mandato. Para Harris, ese periodo concluyó el 21 de julio de 2025. No obstante, en sus últimos días en la Casa Blanca, Biden firmó una orden ejecutiva que extendía esa protección hasta enero de 2026.
Trump, ahora de regreso en la presidencia, revocó esa medida mediante un memorando dirigido al Departamento de Seguridad Nacional, instruyendo a poner fin a toda protección más allá de lo requerido por la ley. Esto implica no solo la retirada de escoltas, sino también el fin del monitoreo de amenazas digitales y la vigilancia de la residencia de Harris en Los Ángeles.
La decisión ha levantado alarmas entre líderes demócratas de California. El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresaron públicamente su preocupación. Bass calificó la revocación como un acto de “venganza política” y advirtió que la medida deja vulnerable a Harris en un momento en que inicia una gira promocional por su nuevo libro, “107 Days”.
Harris, por su parte, no hizo declaraciones directas sobre el asunto. A través de una portavoz, agradeció al Servicio Secreto “por su profesionalismo y dedicación inquebrantable”, sin entrar en confrontaciones directas con la administración Trump.
El retiro de la protección a Harris se suma a una serie de decisiones recientes de Trump en las que ha revertido beneficios de seguridad a figuras vinculadas con el gobierno anterior, incluidos exfuncionarios y allegados a la familia Biden. Expertos en seguridad señalan que, en un clima político polarizado, este tipo de medidas puede tener consecuencias significativas, especialmente para figuras de alto perfil como la ex-vicepresidenta.
Con esta acción, Trump no solo marca distancia con la administración pasada, sino que reabre el debate sobre si la seguridad de líderes políticos debería estar sujeta a vaivenes partidistas.