El histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado por la Fiscalía de Brasil de liderar una organización criminal armada para revertir los resultados de las elecciones de 2022 y mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado, comenzó este martes bajo estrictas medidas de seguridad y sin la presencia del principal acusado.
“El Supremo Tribunal Federal debe juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin ceder a amenazas ni coerción”, afirmó el juez Alexandre de Moraes durante la apertura de la vista, que se extenderá hasta el 12 de septiembre. Advirtió además que la impunidad “deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia”, subrayando que la pacificación del país depende del respeto a la Constitución y al fortalecimiento institucional.
Por su parte, el fiscal general Paulo Gonet defendió que no castigar los intentos de ruptura constitucional “intensificará los impulsos autoritarios y pone en peligro un modo de vida civilizado”.
La seguridad en la sede del Supremo se reforzó hasta el cierre del proceso. Bolsonaro no acudió a la primera audiencia, alegando problemas de salud derivados del ataque con arma blanca que sufrió en 2018.
El caso del intento de golpe
El 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, asaltando el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial, en una acción con claros paralelismos con el asalto al Capitolio de EE.UU. por partidarios de Donald Trump. Los daños fueron valorados en más de 20 millones de reales.
Las pesquisas se originaron tras operativos policiales vinculados a la falsificación de cartillas de vacunación de la COVID-19. En esos registros se incautaron dispositivos que revelaron un plan golpista denominado Puñal Verde y Amarillo. Según la acusación, Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal desde 2021, cuestionando el voto electrónico y promoviendo denuncias infundadas de fraude electoral, amplificadas en redes sociales.
El exayudante presidencial Mauro Cid, hoy testigo colaborador, reveló que el complot incluía incluso el asesinato de autoridades como el vicepresidente Geraldo Alckmin, el juez De Moraes y el propio Luiz Inácio Lula da Silva, a quien planeaban envenenar.
Además, la Fiscalía sostiene que Bolsonaro participó en la redacción de un decreto “golpista”, presentado a altos mandos militares en una reunión con el exministro de Defensa Walter Braga Netto. El borrador fue hallado en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres.
Los delitos y las posibles penas
Bolsonaro y otros acusados enfrentan cargos por:
- Abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado (artículo 359 del Código Penal): penas de 3 a 12 años de prisión.
- Participación en organización criminal armada: de 3 a 8 años.
- Daños a la propiedad pública: de 6 meses a 3 años.
- Deterioro del patrimonio público: de 1 a 3 años.
En total, el expresidente podría acumular más de 40 años de cárcel e inhabilitación política indefinida.
Bolsonaro, en arresto domiciliario con tobillera electrónica, denuncia una “caza de brujas”. Entre sus apoyos destacan el presidente argentino Javier Milei y el presidente de EE.UU., Donald Trump, quienes han denunciado una supuesta “persecución flagrante” contra él y contra “millones de brasileños”.
Junto a Bolsonaro también están imputados Walter Braga Netto, Anderson Torres, el diputado Alexandre Ramagem, el excomandante naval Almir Garnier, el exjefe de seguridad Augusto Heleno y el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira.