La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) y Solar United Neighbors de Puerto Rico (SUN) radicaron este martes un Alegato de Amigos de la Corte ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para que ordene a LUMA Energy detener el cobro de $300 a más de 42,000 clientes solares por los llamados “estudios suplementarios”.
El director de Política Pública de SESA, Javier Rúa-Jovet, advirtió que el cargo se impone de manera retroactiva a familias que instalaron sus sistemas entre diciembre de 2023 y julio de 2025. “Este cargo que afecta directamente a los consumidores surge de un reglamento obsoleto que choca con la Ley 17 de 2019, Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, afirmó.
En una vista pública celebrada el 26 de agosto de 2025, LUMA adelantó que planifica extender el cobro de los $300 a más de 96,000 clientes solares, lo que representaría un impacto total de alrededor de $30 millones.
David Ortiz, director sénior del programa de SUN en Puerto Rico, señaló que este tipo de cargo castiga a las familias por invertir en energía limpia. “Estos cargos castigan a las familias por contribuir a mantener la red eléctrica confiable, limpia y asequible. El Negociado de Energía debe exigir a LUMA que respete los derechos energéticos de sus clientes y mantenga la energía solar accesible para todos los puertorriqueños”, indicó.
Argumentos legales y técnicos
El alegato sostiene que el cargo de $300 está basado en el Reglamento 8915 de 2017, que establecía ese pago si un alimentador tenía más de 15% de penetración solar. No obstante, SESA y SUN argumentan que este reglamento quedó superado por la Ley 17 de 2019, que dispuso la interconexión automática de sistemas de hasta 25 kW en un plazo de 30 días.
Además, recalcan que el umbral del 15% ya no se utiliza en la industria y que incluso la propia LUMA había reconocido que estudiar alimentadores por debajo del 30% era un desperdicio de tiempo y dinero.
Lo que proponen
Las organizaciones propusieron al Negociado varias medidas inmediatas:
- Detener todo cobro retroactivo a clientes con sistemas de hasta 25 kW.
- Establecer normas temporeras que bloqueen estos cargos mientras se adopta un nuevo reglamento de interconexión.
- Promulgar un nuevo reglamento consistente con la Ley 17, mediante un proceso participativo y basado en mejores prácticas de la industria.
El Negociado deberá evaluar tanto la querella presentada por la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) como este alegato de SESA y SUN. Mientras tanto, sobre 42,000 familias ya recibieron la notificación del cobro, y otras decenas de miles podrían verse afectadas si LUMA mantiene su plan.