El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, afirmó que todavía no se ha tomado una decisión final sobre la escolta que mantiene la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien la pasada semana se declaró culpable ante el tribunal federal de aceptar la promesa de aportaciones de un extranjero para su campaña política.
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“Todavía no; trabajarán en ello esta semana. Tan pronto como la División Legal de la Policía de Puerto Rico haga su análisis, y el equipo legal de La Fortaleza también esté realizando el suyo, nos sentaremos con ambos equipos para tomar la decisión final. En cuanto tengamos esa determinación, se hará pública”, explicó González Falcón al ser cuestionado en conferencia de prensa desde el Cuartel General en Hato Rey.
El jefe policial mencionó que la determinación será producto de un análisis conjunto entre la Policía y La Fortaleza, y no de una sola parte.
González había respondido la semana pasada a cuestionamientos sobre si Vázquez Garced continuará recibiendo servicios de seguridad y escolta, luego de admitir culpabilidad en un caso federal de corrupción.
“Como es de conocimiento público, desde 2017 la Oficina de Seguridad y Protección, encargada de la protección de funcionarios y exfuncionarios, estuvo adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP). Sin embargo, el pasado 11 de agosto, conforme a lo dispuesto en la Ley 83-2025, que separó a la Policía de Puerto Rico del DSP, solicité que dicha oficina regresara a la Uniformada. Dentro de este proceso de transición, entre las políticas, reglamentos y órdenes que he instruido revisar, está el concerniente a los servicios de seguridad y protección a exfuncionarios”, dijo en declaraciones escritas.
González añadió que la División Legal de la Uniformada está evaluando el caso y que, una vez reciba el informe, tomará una determinación.
“Tan pronto culmine este proceso, procurando la misma transparencia de siempre con el pueblo de Puerto Rico, lo comunicaré públicamente”, añadió.
Vázquez Garced, primera exgobernadora en resultar convicta por un delito, admitió su culpabilidad ante el tribunal federal el pasado 27 de agosto. El acuerdo alcanzado con la fiscalía federal contempla una sentencia de entre seis y doce meses de probatoria, cuya vista fue señalada para el 15 de octubre. La aceptación de la culpa supuso el archivo de los cargos más graves que enfrentaba —conspiración, fraude electrónico y soborno— y dejó en pie un único cargo relacionado con la promesa de ayuda económica por parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, en el marco de la campaña primaria de 2020.