Aunque Puerto Rico tiene más de $20,000 millones asignados para la reconstrucción tras los huracanes Irma y María, y otros desastres, la realidad es que la gran mayoría de los proyectos siguen paralizados.
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Así lo detallaron expertos en fiscalización de fondos, que coincidieron en que el dinero no se está ejecutando de forma efectiva debido a la burocracia y a los controles impuestos tanto por el gobierno federal como por las agencias locales.
La directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses Ferrer expuso que los procesos pueden tardar hasta cinco años desde la aprobación hasta que un proyecto arranca. Esto deja a comunidades enteras sin obras esenciales, mientras las estructuras siguen deteriorándose.
Asimismo, explicó que la acumulación de trámites impide que el dinero fluya a las comunidades. Señaló que a nivel federal, los fondos bajo la sección 428 de la Ley Stafford se han tardado mucho más en Puerto Rico que en Estados Unidos.
“O sea, casi 3 años para obligar esos fondos por proyecto, imagínense. Esto es contrario al promedio de los estados que estamos hablando de 415 días. Más del doble”, dijo Masses Ferrer.
A esto, Masses Ferrer sumó que los procesos de contratación en Puerto Rico son lentos y poco competitivos. De acuerdo con el análisis compartido, la evaluación de propuestas luego de una licitación puede tomar más de seis meses, y en muchos casos los proyectos se atrasan más de 214 días adicionales antes de comenzar. Detalló que la mayoría de los contratos terminan en manos de compañías de Estados Unidos con historial cuestionable.
“Si te toma tres años acordar un precio y obligar esos fondos, y luego de eso te toma un año llevar a cabo la licitación nada más, otro año para empezar el proyecto, estamos hablando de cinco años de atraso (…) En el caso de Puerto Rico, también observamos que menos de cuatro postores se presentaban por licitación y la gran mayoría de estos postores son de Estados Unidos. Esto significa que en aquel momento, estábamos hablando que 63 % de los fondos de estos contratos, se estaban obligando a contratistas basados en Estados Unidos, muchos que también tienen unos récords muy cuestionables”, dijo.
Otros panelistas coincidieron en que el problema no es la falta de fondos, sino la incapacidad del sistema para convertirlos en proyectos concretos.
“Creo que la recuperación de desastres ha sido muy mala en todo el país. Tenemos muchos desastres en Texas y todavía estamos luchando. Hay mucho dinero que no se ha gastado. Hay muy buenos gráficos. Y creo que tenemos algunas de las mismas preguntas sobre dónde está el dinero, cómo se ha gastado y si se ha gastado de manera adecuada”, detalló Madison Sloan de la organización, Texas Appleseed.
Además de la burocracia, Masses Ferrer señaló la falta de capacidad del gobierno para manejar sumas tan grandes.
“No tenemos el personal que teníamos antes con el conocimiento sobre procesos. Entonces pasas de tener, sobre todo en los municipios, por ejemplo, los municipios tenían quizás un millón de pesos al año en estructuras, en reparación y demás, y de repente tienes 10 a 20 millones de pesos. Pero no tienes más personal, no tienes más capacidad”, expresó.
Las expresiones se dieron durante la charla “¿Dónde está el dinero? Fiscalización y rendición de cuentas en el manejo de fondos tras desastres”, que reunió a representantes de organizaciones como Texas Appleseed, National Low Income Housing Coalition y Sembrando Sentido. El panel se celebró durante la mañana del miércoles.