Los pilotos de la Bahía de San Juan acudieron al Tribunal Federal para buscar detener lo que consideran una amenaza directa a la seguridad marítima y a las comunidades costeras: la decisión de New Fortress Energy (NFE) de prescindir de los remolcadores especializados que hasta ahora se utilizaban para guiar los gigantescos buques de gas natural licuado (LNG) que entran a la bahía.
El grupo de demandantes —que opera como San Juan Bay Pilots Corporation— demandó a NFE, a su subsidiaria NF Energía y a la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, denunciando que la empresa intenta sustituir los remolcadores especializados que hasta ahora se usan por otros de menor capacidad, una decisión que califican de peligrosa e ilegal.
demanda federal by Metro Puerto Rico
Según el recurso legal radicado el 31 de agosto de 2025, tras dos años de simulaciones técnicas en Texas y acuerdos formales con la compañía, se estableció que los enormes buques de gas —de hasta 155,000 metros cúbicos de capacidad— solo podían maniobrarse de forma segura con cuatro remolcadores “escort-rated” de 80 toneladas de bollard pull. Desde marzo, los pilotos han realizado 18 maniobras exitosas con ese equipo.
Sin embargo, NFE anunció que no renovaría el contrato con Edison Chouest Offshore, dueña de los remolcadores, y que los sustituiría por embarcaciones locales sin estudios de validación. Siete de los ocho pilotos activos se opusieron por escrito, mientras que uno aceptó continuar con las maniobras. En respuesta, la presidenta interina de la Comisión de Practicaje, Jessica Ñeco Morales, emitió un “cese y desista” que prohíbe a los pilotos comunicar públicamente sus preocupaciones, acción que los demandantes califican de censura y violación al debido proceso.
Los pilotos reclaman al tribunal una orden para impedir que se retiren los remolcadores especializados hasta que cualquier sustituto sea validado con simulaciones técnicas, además de declarar nula la orden de mordaza y garantizar la distribución de ingresos de manera justa entre todos los prácticos.
El pleito ocurre en paralelo a la creciente oposición de comunidades y organizaciones ambientales a la expansión del gas metano en Puerto Rico. En abril, vecinos de San Juan, Cataño y Guaynabo denunciaron la entrada del metanero Gaslog Singapore, con capacidad de 155,000 metros cúbicos, cinco veces mayor que los buques previos de NFE.
En aquel momento, el abogado ambiental Pedro Saadé recordó que la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) había evaluado riesgos con base en naves mucho más pequeñas. “Eso quiere decir que las zonas residenciales y comerciales expuestas a riesgos son muchas más y no se tienen planes de seguridad o evacuación”, alertó.
A la controversia legal y comunitaria se suma el ángulo económico. El pasado 29 de agosto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con observaciones la sexta enmienda al contrato temporero de suministro de LNG entre Genera PR y NF Energía, elevando el tope a $48.04 millones y extendiendo la vigencia hasta el 5 de septiembre.
En poco más de un mes, el acuerdo se ha enmendado seis veces, pasando de un tope inicial de $9.79 millones a los actuales $48.04 millones. Estas extensiones cortas se producen mientras sigue detenido el contrato a 15 años por unos $20,000 millones, paralizado en julio por la JSF por considerarlo riesgoso, poco transparente y con condiciones monopólicas.