Reclamar equipos dañados por apagones o fluctuaciones de voltaje en Puerto Rico es un procedimiento que, aunque todavía existe en papel, ha perdido efectividad desde que LUMA Energy asumió la operación del sistema eléctrico en 2021. Lo que antes era un trámite complejo, pero con alguna posibilidad de éxito bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hoy se percibe como una gestión meramente simbólica: ninguna de las reclamaciones contra LUMA ha prosperado.
La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, recordó que bajo la AEE existía un procedimiento que, aunque lento, ofrecía la expectativa de ser escuchado. Los abonados podían acudir a la oficina comercial más cercana con facturas, fotos y un informe de un perito electricista.
“Había casos donde si usted no tenía manera de pagarle a un perito, la Autoridad le enviaba a uno de los peritos electricistas”, dijo en entrevista Punto x Punto.
Ese mismo esquema se mantiene hoy, al menos en teoría, bajo la guía de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. El abonado tiene hasta un año desde el evento para someter la reclamación, entregar una carta explicativa, llenar el formulario “Informe de Investigación de Reclamación por Daños a la Propiedad” y acompañar con recibos, facturas o un estimado en original preparado por un técnico o perito certificado. Luego, LUMA dispone de 90 días para responder.
La diferencia, según Rodríguez Erazo, es que mientras la AEE podía tardar hasta un año, al menos evaluaba el caso. “Ahora (con LUMA) es: gracias por tu participación”, sentenció.
Costo oculto
Más allá de la frustración por no recibir compensación, el proceso implica un gasto adicional para el abonado: contratar a un perito que certifique el daño.
La presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Berríos, explicó que este costo corre por cuenta del ciudadano. Para reducirlo, recomendó solicitar cotizaciones de varios peritos y, de ser posible, escoger uno cercano a la residencia. “Muchos peritos te van a cobrar la visita, como cualquier otra persona, y más si tienen que redactar el informe. (…) Si alguien no tiene un perito y ese perito tuvo que venir de Carolina a Bayamón, entonces te va a cobrar por moverse”, ejemplificó.
La participación de un perito es indispensable porque se requiere validar la existencia del equipo, certificar la pérdida total o parcial y descartar otras causas. “Es importante porque este profesional puede descartar si fue por el incidente de energía o si fue porque el equipo era viejo”, subrayó Berríos.
Bajo la AEE había casos que, tras mucho trámite, lograban compensación mediante cheques o créditos, con LUMA la realidad es distinta. En mayo, la empresa reconoció que había recibido al menos 1,828 reclamaciones por daños a enseres y que ninguna había prosperado.
Este panorama llevó al DACO a radicar, en julio, una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para impugnar la cláusula contractual que exime a LUMA de responsabilidad. La agencia alega que la disposición es inconstitucional porque otorga una inmunidad que solo podría aprobarse por acción legislativa, no por resolución administrativa del Negociado de Energía.
El caso escaló rápidamente. En agosto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico asumió jurisdicción.
¿Quién pagaría?
La posibilidad de que la cláusula caiga abrió otro debate: ¿de dónde saldrían los fondos para compensar a los consumidores?
LUMA advirtió que, de eliminarse la exención, podría generarse un aumento en la factura de luz. Esto porque en el presupuesto operacional no existe una partida para cubrir reclamaciones.
El exrepresentante Luis Raúl Torres Cruz coincidió en que el esquema actual deja indefensos a los abonados, pero recordó que el contrato de LUMA contiene un anejo que establece que todos los gastos relacionados con demandas, multas o sentencias deben ser reembolsados por la AEE. Esto significa que, incluso si los tribunales fallan a favor de los consumidores, la compensación saldría del bolsillo de los mismos abonados, de manera indirecta.
Metro solicitó comentarios a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, pero se indicó que no reaccionarán hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.