El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, lanzó duras críticas contra la empresa New Fortress Energy (NFE) por recurrir a remolcadores de menor capacidad para movilizar sus barcazas de gas natural licuado en la bahía de San Juan, advirtiendo que esta práctica representa un riesgo para la seguridad marítima y el tráfico de carga en la zona.
“La acción de New Fortress Energy de usar remolcadores de menos capacidad, menores a los de 80 toneladas de bollard pull que se utilizan en estas maniobras, es un acto poco responsable y coloca el tráfico de carga en toda la bahía en riesgo”, expresó el legislador novoprogresista, quien además preside la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja.
Según Aponte, la decisión de NFE responde a un interés exclusivo en reducir costos operacionales. “Esta fue una movida exclusivamente para ahorrar dinero y que corta esquinas, dejando la seguridad en el Puerto de San Juan a lo mínimo. Esto no se trata de una disputa por el pago a los pilotos de los remolcadores, sino de una empresa que intenta bajar sus costos a riesgo de la seguridad”, sentenció.
Las declaraciones del representante se suman a la controversia que llegó hace pocos días al Tribunal Federal. Los pilotos de la Bahía de San Juan, agrupados bajo la San Juan Bay Pilots Corporation, radicaron una demanda contra NFE, su subsidiaria NF Energía y la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, reclamando que la sustitución de los remolcadores especializados por otros de menor capacidad es peligrosa e ilegal.
El pleito señala que, tras dos años de simulaciones técnicas en Texas, se determinó que los enormes buques de gas natural, de hasta 155,000 metros cúbicos, solo podían maniobrarse de forma segura con cuatro remolcadores “escort-rated” de 80 toneladas. No obstante, NFE optó por no renovar su contrato con Edison Chouest Offshore, dueña de los equipos especializados, y buscó alternativas locales sin estudios de validación.
La demanda ocurre en medio de un ambiente de fuerte oposición comunitaria a la expansión del gas metano en Puerto Rico. Vecinos de San Juan, Cataño y Guaynabo han denunciado que la entrada de buques mucho más grandes aumenta los riesgos sin contar con planes adecuados de seguridad o evacuación.
Cabe destacar que, el 29 de agosto, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó la sexta enmienda al contrato temporero entre Genera PR y NF Energía, elevando el tope a $48 millones y extendiendo su vigencia hasta el 5 de septiembre. En poco más de un mes, el acuerdo pasó de $9.7 millones a más de $48 millones, mientras el contrato a 15 años por unos $20,000 millones continúa paralizado por considerarse riesgoso y poco transparente.
Ante este panorama, Aponte insistió en que NFE “apostó a que no ocurra un accidente para bajar sus costos, y eso nunca es lo correcto”.