Ante una necesidad de psiquiatras para atender pacientes de salud mental, apenas hay tres psicólogos clínicos que ejercen como peritos forenses para las 13 regiones judiciales de Puerto Rico, aseveró la jueza administradora regional de la Región Judicial de Bayamón, Carmen Otero Ferreiras.
La baja cifra atropella las numerosas evaluaciones que deben hacer esos profesionales para certificar que una persona sea procesable; es decir, si el paciente psiquiátrico tiene la capacidad mental para comprender el proceso judicial, según la Regla 240 del Procedimiento Criminal.
Según la jueza, muchos casos surgen de familiares, mayormente adultos mayores, que contactan a las autoridades porque el paciente “se descompensó y ya han agotado remedios en el área de salud mental clásica civil”.
En el proceso para declarar si el paciente es procesable, puede pasar hasta un año y cuatro meses, reveló Otero Ferreiras. La evaluación del perito, además de determinar si el paciente es suicida, psicótico o maníaco, detalla los sucesos previos que ocurrieron, la percepción del imputado sobre esos hechos, su grupo o apoyo social y su comportamiento en la comunidad.
“Siempre tenemos la crítica de la sociedad en cuanto a lo mucho que duran los procesos. […] Quizás alguien que sabíamos desde el momento que agarró el teléfono para llamar para decir que (el imputado) lo empujó o lo amenazó, pudimos haber hecho desvío de proceso y no esto que tenemos aquí”, lamentó la jueza administradora, quien aseguró que los casos no son aislados.
Un estudio que comprendió del 2022 al 2023, que analizó 850 personas imputadas, encontró que 110, o el 13 %, eran “no procesable para futuro próximo”. De esos cientos de pacientes, un 62% atravesó un cambio de proceso penal a civil, que invoca la Ley 408 de Salud Mental.
“Cuando [el paciente] es hospitalizado, pasa tiempo razonable para evaluación. Si pasa demasiado, pasa a la Ley 408. No está definido así, sino [como] ‘vertiente civil del proceso’, que se interpreta como la 408”, explicó en la Cumbre de Salud Mental 2025, organizada por la Asociación de Hospitales.
No obstante, la licenciada presentó que otro obstáculo social es que cuando el paciente no tiene criterios de hospitalización, y hay que darlo de alta para no violentar derechos civiles, se desconoce a dónde referir al paciente.
“El tribunal dice: ‘Si se lo devuelvo a la misma persona que llamó, ¿qué hago en términos sociales?’ Pudiera tener todo el cuadro médico para decir que no aguanta hospitalización, ¿a dónde lo voy a enviar?”
Necesidad de psiquiatras
La directora del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Karen Martínez González, planteó que hay alrededor de 420 psiquiatras activos, pero la mayoría son mayores de 60 años y ubicados en el área metropolitana.
Un estudio epidemiológico del RCM, liderado por la doctora Glorisa Canino y realizado en 2016, encontró que el 18.7 % de los adultos entre 16 a 64 años sufría trastorno psiquiátrico. Según Martínez González, el informe expuso también que la prevalencia de estas enfermedades alcanzaría 25%. Esta investigación se estará actualizando, y se espera proveer los resultados el año entrante.
La galena también mencionó que, entre las estrategias necesarias para atraer o retener profesionales de la salud mental, se debe aumentar las plazas de entrenamiento, atender áreas desprovistas, fortalecer la telemedicina, incentivar jóvenes a permanecer en Puerto Rico y crear servicios de cuidado colaborativo.
Sobre este último punto, la presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, en inglés), la psiquiatra puertorriqueña Theresa Miskimen Rivera, insistió en que esta táctica innovadora ayudará a atender más pacientes con los psiquiatras disponibles.
Abundó que la manera en que funciona es que el psiquiatra trabaje directamente como consultor en la práctica de un médico primario con un manejador de caso. A través de evaluaciones clínicas de depresión y ansiedad, el primario recopila información que el especialista puede analizar para ver si el paciente mejora o no.
“Ahí hay acceso mayor del que puedo tener en mi práctica. Esa es una forma inmediata de poder multiplicar el personal, porque es con los planes Medicare que tenemos, los psiquiatras que tenemos y case managers (manejadores de caso) que ya tenemos”, ilustró.
Similar como ocurre en Estados Unidos, dijo, una de las barreras es la falta de recursos y pagos a los especialistas, que se dificultaba porque no había un código de facturación de cuidado colaborativo. Atribuyó esa falta, en parte, a falta de conocimiento.
“Eso (cuidado colaborativo) empezó hace 15 años. Es como todo en medicina. Tienes algo innovador y se tarda en lo que se esparce”. Lo más importante, mencionó, es el aumento de acceso y que resulta más costo efectivo para el sistema y hasta reduciría costos.
Miskimen Rivera exhortó a que las personas y proveedores busquen información y orientación a través de la plataforma lasaludmental.org, donde guardan cápsulas educativas de trastornos mentales, cambio climático, diagnósticos de uso de sustancias, entre otros temas. También promovió la página web APA Foundation, que provee servicios gratuitos de talleres para atender áreas como lo laboral, escolar, judicial, entre otros.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.