El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó, con perjuicios, el recurso legal presentado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Cámara de Representantes, relacionado con solicitudes de información pública sobre los gastos de legisladores.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés, informó que la decisión judicial se produjo tras una moción del propio CPI para desistir de la demanda. El juez superior Anthony Cuevas acogió el desistimiento y decretó el archivo del caso.
“La Cámara de Representantes siempre ha atendido las peticiones de los ciudadanos, incluyendo la de los medios de comunicación. Ante esta realidad, el CPI pidió la desestimación del recurso que entabló contra este cuerpo legislativo y el juez respondió dando un a lugar con perjuicios. Eso significa que no pueden volver a someter ningún recurso legal similar sobre este caso”, explicó Parés, representante por el Distrito #4 de San Juan.
El CPI había presentado inicialmente una solicitud de información bajo la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, el pasado 26 de marzo. Según la Cámara, dicha petición fue procesada y parte de la información está disponible en la página oficial de internet del cuerpo legislativo.
Posteriormente, el CPI amplió los requerimientos, lo que provocó nuevos trámites. Sin embargo, ante la falta de respuesta en los términos establecidos por ley, el organismo periodístico decidió acudir al tribunal para reclamar datos sobre pagos de dietas y millaje otorgados a legisladores, así como información sobre jubilaciones e ingresos externos entre enero y junio de 2025.
La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, había señalado en aquel momento que la falta de respuesta “afecta derechos constitucionales fundamentales” y limita la fiscalización ciudadana. Por su parte, la directora editorial, Wilma Maldonado Arrigoitía, advirtió que la Legislatura incumplió con la transparencia que exige la propia ley que aprobó.
El recurso fue presentado por abogados de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, quienes plantearon que la Cámara y el Senado tenían un deber ministerial de entregar la información como parte del patrimonio documental público del país.
No obstante, con el desistimiento voluntario del CPI y la orden judicial de desestimación con perjuicios, el caso quedó cerrado definitivamente en lo que respecta a la Cámara de Representantes.
“La Cámara mantiene la data solicitada en su página oficial para todos observar y evaluar”, concluyó Parés.