Los desastres naturales en Puerto Rico se entrelazan con otros desastres de carácter social: racismo, pobreza, sexismo y discriminación contra personas inmigrantes.
Así coincidieron los panelistas del conversatorio “No hay cama para tanta gente: complicidad o manos atadas en el discrimen en la asistencia al desastre”, celebrado en el Encuentro de Recuperación Justa 2025 de Ayuda Legal Puerto Rico. El panel fue moderado por Verónica Rivera Torres, de Ayuda Legal Puerto Rico, y contó con la participación de Griselda “Grisel” Rodríguez, experta en recuperación comunitaria en Texas, y José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico.
Rodríguez y Rivera coincidieron en que las exclusiones en la atención postdesastre no son accidentes administrativos, sino “crisis por diseño”. En la práctica, miles de personas quedan fuera de los servicios de emergencia por carecer de Seguro Social o por pertenecer a comunidades vulneradas.
Rodríguez denunció que hoy en Puerto Rico inmigrantes indocumentados no pueden inscribir a sus hijos en escuelas, acceder a vivienda o solicitar ayuda de FEMA sin exponerse a ser detenidos, lo que convierte la recuperación en una amenaza. “Estamos ante un estado fascista que persigue a quienes deberían proteger”, sentenció.
En plena temporada de huracanes, el temor a redadas y deportaciones limita la capacidad de muchas comunidades para organizarse tras un desastre. Rivera advirtió que, a diferencia de María, cuando surgieron brigadas de ayuda mutua, hoy la persecución migratoria y la amenaza de recortes federales hacen que muchas familias no puedan salir siquiera a buscar comida o atención médica.
“¿Qué vamos a hacer cuando, por miedo, comunidades enteras no puedan ejercer sus mecanismos de resiliencia?”, cuestionó.
Estrategias comunitarias
Ante este panorama, los panelistas apostaron a la solidaridad local. Rodríguez recordó que tras María, su organización creó bancos de alimentos y distribuyó raciones en distintos pueblos con apoyo del Banco de Alimentos y voluntarios. “Si el gobierno discrimina, las comunidades no pueden darse el lujo de dejar a nadie atrás”, dijo.
Rodríguez advirtió que el Estado se escuda en canalizar ayudas a través de organizaciones sin fines de lucro, lo que dijo es un lavado las manos frente a su obligación de garantizar alimentación y refugio a toda persona. “El miedo paraliza, y eso es lo que quieren. Pero tenemos que seguir ayudando a nuestra gente”, subrayó.
El panel concluyó en que el primer paso es definir principios no negociables en la acción comunitaria y en la defensa de derechos: la dignidad y el acceso a servicios esenciales para todas las personas, sin importar estatus migratorio, identidad o situación económica.
“Los desastres naturales tienen nombre y fecha, pero los desastres del racismo, la pobreza y el discrimen son permanentes”, afirmó Rivera, instando a que las organizaciones no cedan a presiones políticas que pretendan invisibilizar a poblaciones vulnerables.