La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) volvió a reiterar el freno a la implementación de la Ley 37-2024, que establece exenciones en el pago de contribuciones sobre la propiedad para proyectos de vivienda subsidiada bajo el Programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal (USDA), la Sección 8 y algunos administrados por el Departamento de la Vivienda.
En una carta enviada al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, el ente fiscal recordó que la ley no puede aplicarse mientras no se demuestre su compatibilidad con los planes fiscales del Gobierno y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
La Federación había solicitado a la JSF detener la medida, al advertir que representaría una merma de $35.7 millones anuales en los recaudos municipales, según estimaciones del propio Ejecutivo. Además, los alcaldes plantearon que la implementación de la ley afectaría el impuesto especial CAE y el Fondo Extraordinario, que se nutren de los ingresos del CRIM.
El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, explicó que el 12 de mayo de 2025 la Junta ya había notificado al Gobierno que la Ley 37 incumple con la Ley PROMESA y con los planes fiscales certificados. Por tanto, el Ejecutivo debía entregar una certificación de cumplimiento bajo la Sección 204(a) y confirmar que la medida no se estaba aplicando.
El Gobierno respondió el 30 de mayo que la ley no ha sido implementada, aunque sigue bajo evaluación. Mujica recalcó que “la ley no puede entrar en vigor hasta que la JSF determine que cumple con PROMESA”.
La carta enfatiza que la revisión de la Junta se limita a su compatibilidad fiscal y que cualquier cambio sustancial deberá volver a evaluarse.