El comisionado residente, Pablo José Hernández, reaccionó con una corta publicación a las expresiones realizadas por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González quien señaló al Partido Popular Democrático (PPD), de apoyar las políticas del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Justo antes de presentar en conjunto una medida que busca la transición al Programa de Asistencia Nutricional (SNAP), la gobernadora envió un comunicado respondiendo a las expresiones de Nicolás Maduro, donde asegura que las colectividades de oposición en la isla se han aliado al mandatario venezolano, incluyendo una mención al líder del PPD.
“Hoy anunciamos el proyecto para transicionar del PAN al SNAP para que tengas más dinero en tu bolsillo. Aunque minutos antes la gobernadora lanzó un ataque infundado en mi contra, no dejaré que nada me distraiga de mi trabajo por Puerto Rico, más allá de partidos”, expresó Hernández.
¿Qué fue lo que expresó la gobernadora?
González Colón acusó directamente al liderato de la oposición en Puerto Rico, tanto el PIP como el PPD, de “respaldar abiertamente” a Nicolás Maduro.
“Por un lado, el presidente del PPD y el liderato del PIP respaldan abiertamente a Maduro en esta lucha contra el narcotráfico, en vez de estar del lado correcto: con nuestra gente, con la seguridad regional y con los miles de puertorriqueños que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Puerto Rico siempre ha sido aliado de la democracia y la libertad. Mi deber como gobernadora es garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos en la defensa de la región”, concluye.
Lee la nota completa aquí: Jenniffer González responde a Nicolás Maduro y acusa al PPD y PIP de respaldar al gobierno de Venezuela
Gobernadora y comisionado residente unen esfuerzos por la transición del PAN al SNAP
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón y el comisionado residente Pablo José Hernández estuvieron juntos hoy en la capital federal con el fin de que se logre la transición de la isla al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).
Los funcionarios sostuvieron reuniones con miembros del Congreso, jefes de agencias federales y organizaciones clave.
Según se indicó mediante un comunicado de prensa, actualmente, más de 1.2 millones de residentes en la isla reciben ayuda a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), una subvención en bloque que, a diferencia de SNAP, ofrece “beneficios limitados y carece de herramientas robustas para el desarrollo económico y la respuesta ante desastres”.
La administración actual ha insistido en que la transición a SNAP representaría un “aumento significativo en la calidad y alcance de la asistencia nutricional”.
“Estamos trabajando diligentemente para preparar a Puerto Rico lo mejor posible. Mi administración continuará fortaleciendo las políticas necesarias para lograr un modelo sostenible que beneficie a nuestras familias”, expresó la gobernadora.
El nuevo proyecto de ley presentado por el comisionado residente, la reintroducción de la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico propone una transición estructurada de 10 años, lo que permitiría al gobierno local y al Departamento de Agricultura de EE. UU. implementar el cambio sin afectar el presupuesto federal a corto plazo.
“Esto elimina el principal obstáculo que enfrentábamos: el costo proyectado en un periodo de cinco años”, explicó el comisionado residente, Pablo José Hernández.
Por su parte, la gobernadora destacó que ya se han iniciado esfuerzos para preparar al personal del Departamento de la Familia y de ADSEF, incluyendo capacitaciones en distintos estados de EE. UU. “Estamos en la misma página. Esta no es una iniciativa nueva. Hemos trabajado para reducir el margen de error y mejorar la infraestructura tecnológica y operativa que requiere SNAP. Puerto Rico estará listo mucho antes de los 10 años”, afirmó.
Actualmente, el PAN representa una inversión federal de $2.9 mil millones anuales en la isla. Con la transición a SNAP, se estima que el beneficio podría aumentar en aproximadamente $1 mil millones adicionales por año, sin representar un gasto inmediato para el gobierno federal gracias a la planificación escalonada.