La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió en su más reciente informe trimestral que la nueva Legislatura ha impulsado proyectos de ley que, de aprobarse sin fuentes de financiamiento identificadas, tendrían un impacto fiscal estimado de $764 millones entre el año fiscal 2026 y 2029.
El organismo señaló que, aunque los ingresos del Fondo General han superado las proyecciones en los primeros nueve meses del año fiscal 2025, los riesgos de sostenibilidad aumentan ante propuestas legislativas que reducen recaudos o crean gastos permanentes.
Entre las medidas bajo análisis se encuentran iniciativas para eximir medicamentos recetados del impuesto de inventario, extender exenciones contributivas a hospitales y propiedades de alquiler, reducir la tasa de tributación sobre ganancias de capital y dividendos al 4% y aumentar deducciones para cuentas educativas e individuales de retiro.
Según el informe, el costo de estas iniciativas comenzaría a reflejarse en el presupuesto del 2026, con un impacto inicial de $185 millones ese año y un promedio de casi $200 millones anuales en los siguientes tres años.
La JSF recordó que ya había identificado riesgos similares en el trimestre previo, cuando la legislatura anterior había aprobado medidas con un costo estimado de $382 millones a cinco años. Aunque esas no fueron firmadas por el Ejecutivo, el patrón de legislar sin identificar fuentes recurrentes de ingresos persiste.
“Aumentar gastos o reducir ingresos sin financiamiento sostenible pone en riesgo la estabilidad fiscal alcanzada tras la reestructuración de la deuda”, puntualizó el ente en su informe del tercer trimestre del año fiscal 2025.
El organismo, que mantiene la autoridad de invalidar leyes contrarias al plan fiscal certificado bajo la Ley PROMESA, reiteró que no permitirá la implementación de medidas que provoquen un déficit presupuestario.
Actualmente la JSF opera con su componente ejecutivo y solo hay uno de los siete miembros luego de que el presidente Donald Trump despidió a seis integrantes del ente fiscal.