La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que el aparente crecimiento económico de Puerto Rico está sostenido por un influjo extraordinario de fondos federales, pero dos tercios de esos recursos aún no han llegado a la isla.
Según los informes trimestrales más recientes, el 67% de los fondos de recuperación sigue sin desembolsarse, lo que pone en riesgo la estabilidad fiscal y la actividad económica en los próximos años.
Se trata de fondos de la Agencia federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y los fondos CDBG. En total, Puerto Rico ha recibido más de $125,000 millones en asignaciones federales desde 2017, cifra equivalente a 140% del Producto Nacional Bruto (PNB) de la isla. Sin embargo, la ejecución ha sido lenta: al ritmo actual, de unos $3,500 millones anuales, el desembolso está muy por debajo de los $5,600 millones que proyecta el plan fiscal certificado.
La JSF alertó que, sin reformas estructurales en energía, infraestructura y mercado laboral, la economía local volverá a contraerse una vez culmine el ciclo de fondos federales en 2035. “El influjo sin precedentes de fondos federales puede estar ocultando debilidades estructurales de la economía de Puerto Rico”, subrayó el ente en su informe.
El organismo urgió al gobierno a acelerar la ejecución de proyectos de reconstrucción y mejorar su capacidad de desembolso para que los fondos se traduzcan en crecimiento real y no se pierdan antes de expirar.
La lentitud en la utilización de estos recursos no es nueva: en los últimos cinco años los desembolsos federales han quedado por debajo de lo proyectado, con un déficit promedio de 23% respecto a las expectativas. Para la JSF, este patrón de atrasos refleja las limitaciones de capacidad del gobierno central para manejar proyectos de gran escala y pone en riesgo miles de obras de infraestructura, desde carreteras y puentes hasta escuelas y hospitales. Además, la Junta advirtió que la expiración de plazos federales podría provocar que Puerto Rico pierda miles de millones en fondos ya asignados, lo que agravaría la fragilidad de la recuperación.
Fragilidad de las finanzas públicas
Por otra parte, los informes señalan que aunque la Cuenta Única del Departamento de Hacienda refleja alrededor de $10,000 millones, más del 70% de esos recursos está comprometido o restringido para usos específicos, como el pago de pensiones, reembolsos contributivos y reservas de emergencia. La Junta subrayó que este cuadro de liquidez no debe interpretarse como holgura fiscal, ya que gran parte del dinero no está disponible para gasto discrecional. A esto se suma el rezago en los informes financieros auditados, que siguen incompletos casi dos años después del cierre del año fiscal 2023, lo que impide tener una visión clara y oportuna de las finanzas del gobierno.