La Comisión de Turismo y Recursos Naturales llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 661, con el fin de modernizar la Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico (Ley 293-1999) y garantizar mayor seguridad, conservación y disfrute de las costas.
“Así que nosotros vamos a tomar a bien las recomendaciones de las agencias y las vamos a evaluar en la comisión. Lo que queremos es que nuestros turistas, tanto locales como internacionales, se sientan lo más seguros posible en nuestras playas y cuerpos de agua”, destacó senadora Marissa Jiménez Santoni, quien favorece la creación de una aplicación móvil de alerta sobre las condiciones de las playas y cuerpos de agua para beneficio de la ciudadanía.
Compareció a deponer Hiram Zayas y Elid Ortega en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), quienes endosaron el proyecto con enmiendas.
“El DRNA expresa su apoyo a la aprobación del P. del S. 661, tomando en consideración los comentarios aquí expuestos”, dijo Zayas. Entre las recomendaciones se encuentra la implementación de un sistema estándar, accesible, sencillo y confiable para la emisión de alertas dirigidas a visitantes.
Asimismo, Zayas indicó que “el DRNA reitera que está disponible para colaborar en el diseño y desarrollo tecnológico de esta iniciativa, y con una campaña de divulgación de la aplicación, con el fin de asegurar que las medidas adoptadas resulten efectivas y logren los objetivos de seguridad y orientación para los visitantes de las playas de Puerto Rico”.
También, recomendó añadir en el artículo 8 del P. del S. 661 una disposición para que las plataformas de alquileres a corto plazo, los hoteles y los paradores de Puerto Rico utilicen pantallas electrónicas interactivas o quioscos informativos.
Jiménez preguntó si la Junta Interagencial está en funciones. Ortega respondió que sí y está operando: “Hoy mismo tienen una reunión de junta en la oficina”.
Además, la senadora solicitó al DRNA el listado de playas en Puerto Rico que son aptas para bañistas para que sea incluida en la aplicación futura. A preguntas de Jiménez sobre el salario de los salvavidas, Ortega indicó que no llega a dos mil dólares mensuales y actualmente tienen problemas de reclutamiento. “Son pocos los que tenemos y necesitamos más”, dijo la deponente.
Igualmente, participó Raúl Márquez, asesor legal de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). El deponente apoyó la medida con enmiendas. “La Compañía de Turismo de Puerto Rico favorece la aprobación del PS661. Entendemos que constituye un paso afirmativo hacia la modernización de la política pública sobre las playas, atiende con seriedad el problema de las muertes, fortalece la seguridad de los turistas y visitantes que acuden a nuestras costas”, afirmó Márquez.
Entre las recomendaciones, el deponente manifestó que aunque la CTPR tiene capacidad general de reglamentación, el proyecto no le confiere expresamente la autoridad reglamentaria para establecer los procedimientos relacionados a la imposición de multas. “Esta omisión podría exponer las sanciones a ser cuestionadas por posible incompatibilidad con el debido proceso de ley, al no contar con parámetros claros de notificación, adjudicación ni apelación. A esto se añade que los ingresos generados por concepto de las multas ingresarán a un fondo especial de la Junta Interagencial de Playa, y no a la compañía de turismo, lo que significa que la compañía asumirá los costos de fiscalización sin contar con la posibilidad de destinar recursos para robustecer su capacidad de cumplimiento”, señaló Márquez.
Asimismo, el deponente informó que la CTPR, consciente del peligro presente en nuestras costas, tomó la iniciativa de integrar la tecnología como herramienta. “A tales fines, habilitó la página SwimSafePR.com. En esta dirección se puede encontrar información en vivo sobre las condiciones de nuestras playas. Además, la plataforma educa a los visitantes sobre las banderas y los distintos significados de estas”, indicó Márquez solicitando que la CTPR permanezca operando dicha página web. A preguntas de Jiménez si la página de referencia incluye ríos y playas, el deponente señaló que actualmente sólo incluye playas pero se puede trabajar para que tenga más información.
De igual forma, participaron como deponentes Omara Arias en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y Francisco Bruno del Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres (NMEAD). Ambos favorecieron el proyecto con enmiendas. “Hemos sintetizado las funciones del NMEAD, las cuales, evaluadas a la luz del propósito de la medida, entendemos serán de gran beneficio para adelantar los objetivos de la Junta, por cuanto fomentará la coordinación entre agencias, municipios, sectores privados y comunitarios. El negociado también cuenta con el Programa de Community HUBS que dispone de entidades sin fines de lucro y de base de fe disponibles para colaborar, con los Grupos Community Emergency Response Team (por sus siglas en inglés, CERT), con el Grupo de Búsqueda y Rescate y con personal de Comunicaciones (KP4)”, explicó Arias.
Jiménez preguntó si el NMEAD son quienes emiten las alertas de inundaciones. Bruno respondió que las emite el Servicio Nacional de Meteorología y una vez se recibe, en el NMEAD lo distribuye a la ciudadanía y a múltiples manejadores de emergencias y agencias para que estén al tanto. Indicó que además establecemos un monitoreo constante en los cuerpos de agua. Igualmente, Bruno indicó que de las 1,255 áreas de playas identificadas en Puerto Rico, el NMEAD sólo recomienda el uso de 52.
Igualmente, asistió a deponer Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, quien dio su apoyo a la medida con enmiendas. “La PRHTA reitera su compromiso con la seguridad, conservación y disfrute de las playas de Puerto Rico, un recurso esencial para el turismo. Estamos abiertos a trabajar con el Senado, el Gobierno de Puerto Rico y otras entidades para refinar el PS 661”.
Sobre las sugerencias presentadas por la deponente se presentaron: el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad por parte del gobierno: educación la ciudadanía; asignar salvavidas certificados a las playas más frecuentadas, especialmente en temporadas altas; complementar con personal capacitado en resucitación cardiopulmonar (CPR) y primeros auxilios e instalar boyas para demarcar áreas seguras y rotulación clara en playas no aptas, como establece la sección 9.