La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) anunció la revocación de las cartas circulares que regulaban la designación de baños inclusivos en su campus. En la comunicación a la comunidad universitaria, se planteó que la acción es en cumplimiento con nuevas guías federales que rigen el uso de fondos en instituciones educativas.
La rectora Angélica Varela Llavona informó en la Carta Circular 26-4, emitida este domingo 21 de septiembre, que la determinación responde al “Guidance for Recipients of Federal Funding Regarding Unlawful Discrimination”, publicado el 29 de julio de 2025 por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
La decisión también se ampara en la Resolución R-2025-26 de la Junta de Gobierno de la UPR, aprobada el pasado 11 de septiembre bajo la presidencia de Zayira Jordán Conde.
Circulares desde 2019 y 2024 quedaron sin vigencia
El cambio deja sin efecto la Circular Núm. 14 del 15 de febrero de 2019, firmada por el exrector Luis A. Ferrao, así como otras dos del 11 de marzo y del 4 de abril de 2024. Dichas disposiciones habían establecido lineamientos sobre la rotulación y disponibilidad de baños inclusivos en varios edificios del campus.
La rectora explicó que la medida se adopta “para garantizar el cumplimiento normativo, preservar la estabilidad financiera ante la posible pérdida de fondos federales esenciales y proteger los intereses de nuestra comunidad universitaria”.
Aunque las disposiciones sobre baños inclusivos quedaron sin efecto, Varela Llavona subrayó que el recinto “reafirma su compromiso con el respeto y la dignidad de toda su comunidad universitaria” y exhortó a mantener un ambiente seguro e inclusivo para estudiantes, personal docente y administrativo.
La decisión ocurre en medio de un ambiente político y legal en el que distintas instancias gubernamentales y legislativas han impulsado medidas para limitar el establecimiento de baños sin distinción de género en Puerto Rico. Incluso a nivel federal, la administración del presidente Donald Trump ha promovido iniciativas para restringir políticas inclusivas en universidades y centros educativos que reciben fondos federales.