La senadora popular, Ada Álvarez Conde, presentó una medida que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Alto Cuerpo a realizar una investigación sobre las descargas de aguas negras al mar y a otros cuerpos de agua en Puerto Rico.
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Se trata de la Resolución del Senado 310 que busca identificar los daños ambientales, los retos administrativos, así como establecer soluciones a corto y largo plazo para proteger la salud pública, los ecosistemas y la economía turística de la Isla.
La resolución surge a raíz de incidentes recientes, entre ellos:
• Condado (San Juan): El 21 de marzo de 2023, un fallo en bombas sanitarias provocó desbordes que afectaron calles y la Laguna del Condado, generando altos niveles de enterococos y obligando a restringir el acceso a la zona.
• Isabela: En 2025, se detectó una tubería descargando aguas sanitarias no tratadas en la quebrada Los Cedros, causando mortandad de mangles y riesgos sanitarios en playas cercanas. Reportes ciudadanos y del programa Blue Water Task Force confirmaron niveles bacteriológicos preocupantes .
“El problema no es si existe, sino por qué persiste y qué hará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para detenerlo en su origen”, expresó Álvarez Conde en declaraciones escritas.
La pieza legislativa dispone que la Comisión pueda celebrar vistas públicas, citar funcionarios, requerir información y realizar inspecciones oculares. Además, exige un primer informe en 60 días y un informe final antes de culminar la Vigésima Asamblea Legislativa.
“No podemos seguir permitiendo que nuestras aguas, que son fuente de vida, recreación y motor económico, se conviertan en alcantarillas abiertas. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no puede seguir escondiéndose detrás de excusas ni esperar a que sean las comunidades las que descubran y denuncien las descargas. Tienen la obligación legal y moral de explicar por qué siguen ocurriendo estos incidentes y qué harán para corregirlos”, explicó la legisladora.
Álvarez Conde subrayó que el país necesita protocolos de operación más estrictos, planes de contingencia, transparencia en los reportes y acciones inmediatas para evitar que se repitan eventos como los antes mencionados.
“Puerto Rico merece playas limpias, seguras y saludables. Con esta medida buscamos no solo fiscalizar, sino también proponer soluciones que protejan a la gente, al ambiente y a nuestra industria turística”, agregó la senadora.