La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló este miércoles que el Municipio de Cataño pagó en exceso 149,214 dólares a la compañía contratada para administrar el sistema de emitir y cobrar multas de tránsito.
Según el informe, los contratos y enmiendas concedidos entre junio de 2017 y marzo de 2023 permitieron un beneficio de hasta 45 por ciento, en lugar del 10 por ciento establecido como tope para contratos contingentes de este tipo.
El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, rechazó que el acuerdo sea de naturaleza contingente.
“El contrato con la referida compañía no constituye un contrato de cobro de deudas según el Art. 1.018 (r) de la Ley 107-2020 se trata, en cambio es un acuerdo de prestación de servicios tecnológicos especializados celebrados al amparo de la política pública municipal para promover la eficiencia operativa, la modernización digital y la seguridad vial. La compañía provee un servicio tecnológico de emisión y procesamiento de multas futuras de tránsito. (…) La compensación de la compañía no puede entenderse como una comisión contingente, sino como una retribución proporcional por haber puesto en funcionamiento una estructura tecnológica dentro del marco de razonabilidad e interés público”, dijo Alicea Vasallo en declaraciones escritas.
No obstante, la Oficina del Contralor sostuvo su postura sobre el señalamiento: “Consideramos las alegaciones del alcalde, pero determinamos que el hallazgo prevalece”.
Además del contrato de multas, el informe de auditoría incluye otros señalamientos. Entre ellos, que el Municipio pagó 46,500 dólares a un contratista por trabajos de mantenimiento en dos complejos deportivos que en realidad fueron realizados por brigadas municipales de Recreación y Deportes. También se detectaron condonaciones de deudas por 504,210 dólares a 10 contribuyentes en contravención al Código Municipal, irregularidades en un contrato de disposición de desperdicios sólidos por 27.4 millones de dólares y fallas en el control de materiales de construcción adquiridos para reconstrucción de viviendas.
Los auditores concluyeron que, al 19 de mayo de 2025, el municipio no había recobrado 13.6 millones de dólares por distintos conceptos previamente señalados en informes de auditoría, y que mantiene 22 demandas civiles por 5.8 millones de dólares. El documento recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure de que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría.