El proceso de confirmación del nominado a la Procuraduría de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt, enfrenta un nuevo revés luego de que se le señalara públicamente por supuestamente mentir bajo juramento y sostener vínculos contractuales que representarían un conflicto de interés.
El senador novoprogresista Juan Oscar Morales, quien ha cuestionado la idoneidad del nominado desde el inicio del proceso, declaró en entrevista radial con Pega’os en la Mañana de Radio Isla que las respuestas del designado han sido incongruentes y que las dudas se intensificaron tras la vista pública celebrada el jueves, a la que el nominado no asistió.
“Ayer tuvo que reconocer que en efecto, él sabía de los acuerdos extrajudiciales que su abogado había llevado con muchísimas personas que ellos habían demandado. En vez de aclarar, aumentó las dudas”, señaló Morales.
El legislador afirmó que el nominado tiene un problema de carácter.
Ante este panorama, el legislador recomendó a la gobernadora Jenniffer González Colón reconsiderar y retirar el nombramiento. “Yo le pediría a la señora gobernadora que considere retirar ese nombramiento”, dijo Morales.
“Creo que está más que claro que el doctor no cuenta con la confianza necesaria. Ayer quedó establecido que en vez de aclarar, aumentó las dudas que tenían mis compañeros senadores”, puntualizó.
“Lo que tenía era un negocio”
Varios comerciantes que acudieron ayer a la vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado acusaron al designado Defensor de las Personas con Impedimentos, David Figueroa Betancourt de crear junto a su abogado José Carlos Vélez Colón “un negocio” de demandar a comerciantes por supuestas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).
El licenciado Vélez Colón y el nominado han radicado 27 demandas por supuestas violaciones a la Ley ADA. Las últimas 8 las radicó una semana antes de ser nominado al cargo en receso legislativo por parte de la gobernadora, Jenniffer Aidyn González Colón.
José Valenzuela Alvarado, abogado del negocio Bebo’s BBQ en Carolina, calificó las movidas de Figueroa Betancourt y el licenciado Vélez Colón como “un negocio altamente lucrativo, draconiano en contra de los propios comerciantes, quienes muchos de ellos no reciben ni siquiera una guía o comunicación que sea extrajudicial para poder llegar a unos acuerdos en términos de cumplimiento, sino que única y exclusivamente se le solicitan honorarios de abogados a cambio de no ser demandados. Esta práctica no tan solo es antiética, sino que es ilegal y constituye una extorsión directa a los comerciantes que están ahora mismo tratando de sobrevivir y que son los únicos que están moviendo la economía en nuestro querido Puerto Rico”.
Natanael Lantigua, propietario del negocio que fue demandado en el año 2016 alegó que “Nunca vimos ningún impedido demandante y tampoco al abogado, simplemente nos emplazaron. A fin de cuentas, contacté al licenciado Valenzuela, le dimos frente, nosotros no cedimos al chantaje. Aparte de los baños que teníamos, se contrató a un ingeniero e hicimos un baño adicional. Un ingeniero lo certificó”.
“Nosotros tenemos un interés genuino en asegurarnos de tener a la mejor persona defendiendo a nuestro sector de la población que tiene algún impedimento físico, pero también entendemos el planteamiento que han hecho algunos opositores. Específicamente dueños de negocios que entienden que se reclamó contra ellos de manera frívola y con algunas determinaciones del tribunal en esos extremos, pero nosotros vamos a seguir evaluando la documentación”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz quien está a cargo de la Comisión.
El 8 de agosto, Figueroa Betancourt le solicitó a Vélez Colón que desistiera de las 8 demandas, porque entendió que había un conflicto de interés.
“En mi carácter privado había estado pidiendo que se reclamaran accesibilidad en esos lugares. Cuando me nombran, me percato que puede ser una situación que no es apropiada y le ordené al abogado que desactivara todos los casos”, explicó.
Aunque aseguró que al momento el licenciado Vélez Colón no tiene contrato con la Defensor de las Personas con Impedimentos, se hizo constar que Figueroa Betancourt, otorgó un contrato a la Corporación Neovisión LLC creada la licenciada Sandra Velandia, supuesta socia del licenciado Vélez Colón. Además, el designado solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental una certificación para ver si incurría en un señalamiento por contratar al licenciado Vélez Colón.
Durante el interrogatorio del portavoz de minoría por el Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortíz, el designado no pudo demostrar que haya ido personalmente a los últimos 8 lugares que demandó para constatar las supuestas violaciones.
“Nunca recibí dinero por esas reclamaciones, al contrario, representaron un gasto familiar”, aseguró.