La organización magisterial EDUCAMOS expresó su oposición a la Carta Circular 008-2025-2026 del Departamento de Educación de Puerto Rico, titulada Política Pública Sobre el Derecho Constitucional de Libre Ejercicio de la Fe en los Planteles Escolares y Dependencias del Departamento de Educación y su Nueva Oficina de Base de Fe. La carta, emitida para el año escolar 2025-2026, establece directrices sobre el ejercicio de la fe en los planteles públicos e incluye la creación de una nueva Oficina de Base de Fe dentro de la agencia educativa.
En un comunicado, EDUCAMOS sostuvo que la educación pública debía mantenerse bajo principios de laicidad y ética. Según la organización, “toda la niñez y juventud que se educa en las escuelas públicas de Puerto Rico merece recibir una educación laica y fortalecida bajo principios éticos”.
El gremio argumentó que la Constitución de Puerto Rico establece la separación entre la esfera pública y la religiosa, por lo que no consideran necesaria ni vinculante la creación de una oficina dedicada a asuntos de fe.
“No es necesaria ni vinculante al ofrecimiento de la educación pública la creación de la Oficina de Base de Fe en el Departamento de Educación”, indicó el comunicado.
EDUCAMOS advirtió que la medida podría dar paso a privilegios de unas creencias religiosas sobre otras y alertó sobre posibles intervenciones de organizaciones de base de fe en el tiempo lectivo y en la capacitación docente. Además, planteó reparos administrativos y fiscales, señalando que el Departamento de Educación no ha completado pagos de la Carrera Magisterial ni ha atendido plenamente las necesidades de Educación Especial.
La organización cuestionó la creación de nuevas estructuras burocráticas dentro del Departamento, señalando que estas podrían desviar recursos y atención de asuntos considerados prioritarios.
“Crear puestos nuevos y procesos burocráticos se desvía de la función ministerial del Departamento de Educación”, agregó el comunicado.
EDUCAMOS concluyó que la educación pública debía regirse por principios de laicidad y ética, sin intervención de la política partidista ni de prácticas religiosas, y que la agencia debía priorizar recursos para atender necesidades educativas y laborales existentes.