Por años, la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha cargado con una paradoja institucional: es, en teoría, el brazo fiscalizador más poderoso del gobierno, pero en la práctica sus hallazgos rara vez tienen consecuencias inmediatas o contundentes. Su poder de auditoría y detección de irregularidades se malutiliza cuando las auditorías se publican —en ocasiones— hasta una década después de ocurridos los hechos. En ese lapso, los responsables han dejado sus cargos, las empresas contratistas han cerrado o cambiado de nombre, y la memoria pública se ha desvanecido. El efecto es un informe voluminoso que alimenta titulares por una semana, pero que rara vez produce rendición de cuentas.
La reciente controversia en torno a las expresiones de la excontralora Yesmín Valdivieso añade un elemento de desconfianza a esta ecuación. Valdivieso insinuó haber recibido presiones de secretarios de Justicia para suavizar o alterar señalamientos. Posteriormente, se retractó. Esa retractación, lejos de aclarar, complica aún más la percepción pública. Si las presiones existieron y ella cedió, pone en entredicho la independencia de la Oficina durante su gestión. Si nunca existieron, entonces expuso al país a un espectáculo dañino para la credibilidad de una institución cuya razón de ser es la objetividad.
Esa duda sobre la objetividad también se refleja en controversias recientes como la que rodea las auditorías al Municipio de Cataño. El propio alcalde ha cuestionado públicamente la aparente falta de imparcialidad de algunos auditores, señalando que una investigación relacionada con la contratación del proveedor de recogido de basura lleva años en curso sin conclusiones claras. La prolongación indefinida de estos procesos genera sospechas: o bien se utilizan como herramienta de presión política, o bien evidencian una incapacidad institucional de cerrar auditorías de forma eficiente y transparente. En ambos casos, la credibilidad del contralor se erosiona.
El problema, sin embargo, no es solo de nombres o personalidades. Es estructural. La Oficina del Contralor no tiene dientes legales para procesar directamente la corrupción; se limita a señalar y referir. Su efectividad depende del Departamento de Justicia, de la Oficina de Ética Gubernamental o de los tribunales. Y cuando sus hallazgos llegan tan tarde, esos referidos se convierten en papeles archivados. La consecuencia es un círculo vicioso: una ciudadanía que percibe impunidad, una clase política que entiende que puede actuar con poca supervisión real, y un aparato de control que parece diseñado para aparentar fiscalización más que para garantizarla.
La lección es clara: el país necesita un rediseño institucional. Auditorías más ágiles, procesos de revisión internos que permitan identificar irregularidades en tiempo real, y un marco legal que obligue a Justicia a atender con prioridad los referidos del contralor. De lo contrario, seguiremos teniendo informes históricos, no instrumentos de prevención.
Puerto Rico no carece de leyes anticorrupción ni de oficinas que las administren. Lo que carece es de coordinación, voluntad política y mecanismos de ejecución inmediata. Mientras tanto, la impunidad se viste de burocracia.