Del CPI.
Con tan solo 12 años, Ian M. Ayala Martínez ha sido operado de su tobillo y pierna derecha en cinco ocasiones, procesos que han sido muy duros para este. Ha enfrentado las cirugías con valentía y con el apoyo de su madre, quien solo busca que su hijo pueda vivir sin dolor.
Ayala Martínez nació con una condición rara llamada hemimelia fibular, que afecta el desarrollo normal de los huesos de las piernas. Por eso tiene una pierna más larga que la otra. Esta enfermedad le ha traído otras complicaciones como calcaneovalgo, una deformidad que hace que su talón se desvíe hacía afuera. Estas condiciones provocan que Ayala Martínez tenga dificultades para caminar.
El niño, quien también tiene autismo nivel 1, ha tenido que usar 12 aparatos ortopédicos para poder caminar, además de cirugías y terapias. A todas estas angustias, se agrega una mayor: los costosos tratamientos no son cubiertos por su plan médico Vital y su familia no tiene recursos para costearlos.
Como Ayala Martínez, miles de niños y adultos en Puerto Rico que enfrentan diagnósticos de salud complejos han tenido que asumir cada golpe a fuerza de deudas y malabares, pese a que existe un millonario y poco conocido fondo del gobierno de Puerto Rico destinado a ayudarles: el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables.
Este fondo, manejado por el Departamento de Salud (DS), ha operado por años con un déficit significativo porque el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir las solicitudes que son aprobadas por su Junta Evaluadora. Según los datos proporcionados por la propia agencia, el Fondo Catastrófico ha aprobado más de $97 millones en donativos por encima del presupuesto asignado en los últimos diez años. Desde 2020, parte del presupuesto va a pagar deudas de años anteriores. Las partidas rondan entre el 6 % y el 34 % del presupuesto, conforme al documento más reciente provisto. La entidad ha hecho tres entregas al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con números de presupuesto diferentes.
Tampoco existen reglas claras de cómo se distribuye el dinero. Aunque más del 97 % de las personas han recibido un solo donativo, hay a quienes les han aprobado hasta 12, encontró el CPI. Los donativos se conceden según el juicio de los miembros de la Junta Evaluadora. En promedio, solo 151 personas someten una solicitud anualmente, según los datos provistos por el DS. La agencia no ha divulgado la existencia del Fondo a la ciudadanía, pese a que es un recurso que puede salvar vidas. Los que llegan a él es, principalmente, por referido de médicos o de políticos que lo conocen.
La cirugía más reciente de Ayala Martínez fue en julio pasado, cuando le practicaron una osteoplastia y una artrodesis que, conforme a su madre, Sorelis Martínez Trinidad, buscaban reconstruir su tobillo y aliviar el dolor que provocaba que con frecuencia lo tuviesen que buscar a la escuela antes de la hora de salida.
Ayala Martínez fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos luego de que su madre buscara alternativas para mejorar la calidad de vida de su hijo. Por eso, tampoco estaba cubierta por su plan médico.
Ante este panorama, Martínez Trinidad se movilizó para conseguir el dinero. Llamó a la Oficina de la Procuradora del Paciente, en donde la refirieron al Fondo. Este fondo ofrece donativos a pacientes que tengan una “condición catastrófica remediable” y que requieran un tratamiento que no esté cubierto por su plan médico, que lo esté parcialmente, o si el tratamiento no está disponible en Puerto Rico y el paciente o sus familiares no tienen la capacidad económica para costearlo.
Los datos revelan que el Fondo da donativos a personas de niveles socioeconómicos diversos. La mayoría de los donativos fueron para solicitantes que ganan menos de $25,000 al año, pero en los últimos dos cuatrienios, más personas con ingresos anuales mayores de $70 mil comenzaron a beneficiarse de este Fondo, encontró una investigación del CPI. El 28 % de los beneficiarios de los donativos cuenta con un plan médico privado, el 70 % con Vital y el 2 % no tiene plan.
Sin embargo, en el caso de Ayala Martínez, no recibió esta ayuda. Su madre contó que se comunicó vía telefónica con el Fondo, donde le dijeron que, para ser elegible, su hijo tenía que salir “curado” de la operación, lo que, según esta, no ocurriría ya que su hijo necesita otros tratamientos y terapias. Esto contrasta con el hecho de que el Fondo ha dado donativos para evaluaciones y tratamientos como “terapias de rehabilitación”, “terapias del habla” e “implante coclear”, un dispositivo electrónico que mejora, pero no cura problemas auditivos.
“No nos dieron ni la oportunidad”, sostuvo la madre, quien pudo costear parte de la operación gracias a la ayuda de la ciudadanía acudiendo a las redes sociales y a los medios de comunicación para recaudar fondos.
La cirugía que le hicieron al niño tiene un costo de casi $160,000. Sin embargo, el Nemours Children’s Hospital en Orlando, Florida, le hizo un descuento de 50 % por no tener un plan médico que la cubriera, y le hizo un plan de pago.
Martínez Trinidad, madre jefa de familia y residente en Vega Baja, todavía carga con esta deuda que tiene que pagar mensualmente con la ayuda del padre de su hijo, mientras Ayala Martínez lleva dos meses en recuperación y usando una silla de ruedas porque aún no puede caminar.
Por eso, tan pronto llegaron a Puerto Rico tras la intervención quirúrgica, ella se comunicó nuevamente con el Fondo Catastrófico, con la intención de pasar por la oficina con su hijo en la silla de ruedas para que vieran que su caso “era real”. Le indicaron que ellos no podían pagar por una cirugía que ya pasó. Entonces, ella aprovechó para decirles que quería adelantar el proceso de solicitud, ya que el doctor le había indicado que Ayala Martínez necesitaría otra operación dentro de un año o año y medio. No la dejaron completar la solicitud, le dijeron que llamara dos semanas antes de la operación. Pero eso es lo que había hecho para la cirugía de julio, y le dijeron que era muy poco tiempo.
El Fondo Catastrófico fue creado en 1996 por el gobierno de Puerto Rico para apoyar a los pacientes con necesidades extraordinarias tras la privatización de los servicios de salud con la venta de los hospitales públicos y el desarrollo de la llamada Reforma de Salud, hoy Plan Vital para los médico indigentes en el País. El dinero del fondo debía estar accesible a todos los ciudadanos por igual a base de criterio médico y de que la unidad familiar del o la paciente no tenga recursos económicos suficientes para cubrir su tratamiento, independientemente de sus ingresos. Pero esto no es lo que ha ocurrido.
El Fondo Catastrófico lleva al menos una década operando de manera irregular. Ha aprobado donativos por más de $217 millones en los pasados 10 años de manera arbitraria, sin criterios uniformes, y registrado déficits y falta de pago a proveedores que se han negado a aceptar a otros pacientes por esta razón, encontró el CPI al analizar los datos y minutas de las reuniones de la Junta Evaluadora del Fondo. Se identificó un patrón en el que anualmente, el Fondo Catastrófico aprueba donativos que casi duplican su presupuesto.
Yesarel Pesante Sánchez, secretario Auxiliar para la Coordinación de Servicios y la Asistencia en Salud del DS, aseguró que el Fondo no rechaza a nadie por falta de presupuesto y que los miembros de la Junta buscan la manera de conseguir dinero para cubrir las deudas que contraen a posteriori.
Durante la pasada década, las distintas juntas del Fondo aprobaron donativos para hasta 61 tipos de tratamientos distintos. El 85% fue para costear trasplantes, otras cirugías y evaluaciones médicas, estas dos últimas principalmente en Estados Unidos. El CPI observó que en la gran mayoría de los casos se cubrió el tratamiento completo y otros gastos.
Más del 70% de los procedimientos se realizaron en hospitales de Puerto Rico a personas con Plan Vital, y fueron destinados en mayor proporción a pacientes entre los 45 a 64 años, seguido por el grupo de infantes de cuatro años o menos. Casi el 70% de los menores de 14 años viajaron a Estados Unidos a recibir tratamiento.
Los municipios del área metro encabezan la lista de municipios más beneficiados por esta ayuda, pero, al considerar el promedio de habitantes por municipio, Guayanilla, Aguas Buenas y Quebradillas están en los primeros lugares.
El Departamento de Salud no promueve la disponibilidad de este fondo entre los ciudadanos. Hay municipios como Maricao y Culebra en los cuales ningún habitante solicitó esta ayuda en los pasados diez años.
Previo al periodo de análisis, que incluyó del 2015 al 2025, el CPI encontró que las decisiones de la Junta Evaluadora del Fondo Catastrófico incluso han llegado hasta el tribunal. Por ejemplo, en 2013, una abogada y el padre de su hija demandaron al Fondo en representación de la menor de edad y con un diagnóstico de encefalopatía anóxica adquirida tras una cirugía de corazón abierto a los cinco meses de nacida. La demanda por daños y perjuicios se presentó luego de que la Junta no aprobara un donativo para costear el deducible que su plan médico dejaba descubierto para una cirugía de corrección de columna que la menor necesitaba. La Junta rechazó el donativo bajo el argumento de que la condición de la menor no se consideraba una enfermedad catastrófica remediable.
Los padres de la menor “arguyeron en la demanda que fueron discriminados por la Junta Evaluadora por ser padres profesionales sin considerar los gastos en que incurrieron con una menor incapacitada ni la condición de emergencia que esta enfrentaba”, según recoge la sentencia del Tribunal de Apelaciones (TA) que revisó el caso luego que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda. Apelaciones concluyó que el TPI erró al desestimar la demanda y que los demandantes tenían una causa de acción por discrimen y devolvió el pleito al TPI. El caso está paralizado desde 2017 debido a la Ley PROMESA.
Ni la madre ni el padre de esta paciente estuvieron disponibles para conversar con el CPI.
¿“Regalo político”?
Según dos fuentes del CPI, este Fondo ha sido utilizado en algunos casos como “regalo político”, ya que algunos legisladores refieren a pacientes que no cualifican pero la Junta del Fondo les aprueban los donativos.
Sobre el uso del Fondo como “regalo político”, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, dijo que desconocía de casos, pero aseguró que no ha ocurrido bajo su mandato ni ocurrirá. Opinó que es normal y legal que lleguen casos referidos por legisladores.
Secretario no cumplirá con la ley
El Fondo no cuenta con la lista de las “enfermedades catastróficas remediables” que cubre, para que los pacientes o sus familiares sepan si son elegibles o no.
“El Fondo no cuenta con una lista taxativa que establezca los diagnósticos elegibles para
accederlos a los beneficios que provee”, certificó Roxana Martínez Barbosa, directora ejecutiva del Fondo, al CPI.
Según Martínez Barbosa, el Fondo se deja llevar por los requisitos dispuestos en su ley habilitadora, la Ley del Derecho a la Salud. Pero dicha ley es ambigua. Solo dice que una “enfermedad catastrófica remediable” es una enfermedad que puede causar la muerte, pero para la cual existe tratamiento “que remedia dicha condición al extremo de salvar la vida del paciente” o que le alivie los síntomas, le ayude a extender la expectativa de vida o mejore su calidad de vida significativamente.
Bajo estos parámetros, el caso de Ayala Martínez debió ser aprobado.
En 2024, esta definición fue ampliada por una ley, de la senadora María de Lourdes Santiago, para incluir aquellas enfermedades que no sean terminales, pero que hayan ocasionado un impedimento de carácter permanente que podría ser seriamente agravado de no intervenir la ciencia médica mediante un tratamiento que haya evidenciado que remedia o impide que se agrave dicha condición.
La ley también dispone que el secretario de Salud debía hacer una lista de estas enfermedades, lo que al momento no se ha hecho.
Los 66 donativos para implantes auditivos aprobados por la Junta Evaluadora que administra el Fondo no cualifican bajo ninguna de las dos versiones de la definición.
“Hay enfermedades que no tienen cura, y que la asistencia que necesitan los pacientes es para tener una mejor calidad de vida, aunque la enfermedad sea absolutamente incurable en este momento. Lo que queríamos era cambiar esa definición de enfermedad catastrófica para que incluyera este tipo de enfermedades para las cuales la ciencia no ha encontrado el remedio”, explicó la senadora.
El secretario de Salud no cree que deba haber una lista de enfermedades que el Fondo cubra y adelantó que hará gestiones para que se presente un proyecto de ley que elimine esa exigencia. Dijo que las prioridades se deben determinar según el criterio de los médicos que están en la Junta y los avances en la salud.
“Yo creo que la lista debe seguir siendo abierta”, dijo el secretario. Aludió a que hay miles de personas con enfermedades raras y a que cada día hay más investigación sobre tratamientos. “Si yo hago una lista cerrada y alguien me solicita [fuera de la lista], pues, entonces, no le puedo conceder [la ayuda]. La medicina es algo que evoluciona, que es flexible. La lista cerrada en la medicina siempre ha sido un problema”, opinó.
Ramos Otero además criticó que, cuando se aprobó la Ley, no se añadieron asignaciones económicas a pesar de que le parece que era previsible un aumento en solicitudes al ampliarse la definición de Enfermedad Catastrófica Remediable para incorporar otras condiciones de salud por las que los pacientes pueden recibir donativos del Fondo.
Reinan la falta de información y la confusión entre los pacientes
Aunque pocos lo saben, el gobierno de Puerto Rico tiene tres alternativas de fondos para apoyar a pacientes con tratamientos para enfermedades catastróficas: el Fondo Catastrófico, la cubierta especial del Plan Vital y la cubierta especial temporera del mismo plan. Las tres están disponibles para todos los ciudadanos que no puedan cubrir costosos tratamientos con sus ingresos si su plan médico privado no los cubre.
La cubierta especial del Plan Vital sí tiene establecida una guía de enfermedades que cubre condiciones como cáncer, artritis reumatoide y lepra, explicó Milagros A. Soto Mejía, gerente de Operaciones Clínicas de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).
Soto Mejía indicó que cuando un paciente tiene la cubierta especial del Plan Vital se le libera de la necesidad de referidos médicos y su especialista o subespecialista se convierte en su médico primario. Esta cubierta especial es un servicio adicional del Plan Vital en circunstancias particulares que enfrente el paciente.
El Fondo Catastrófico, por otra parte, es un donativo que concede el Estado a personas, con necesidad de un tratamiento pero sin los recursos económicos para sufragar ese procedimiento.
Un paciente puede recurrir a ambos mecanismos. Unos gastos los podría cubrir el Plan Vital en la cubierta especial, y otros el Fondo Catastrófico.
Además, desde octubre del año pasado, los pacientes de Vital también pueden recurrir a la cubierta especial temporera de cáncer, que ayuda a agilizar el diagnóstico de esta enfermedad.
Como muchos en Puerto Rico que tienen el Plan Vital, Martínez Trinidad desconocía que existía esta cubierta especial y que su hijo cualifica por tener autismo.
El secretario de Salud reconoció que hay desconocimiento sobre la disponibilidad del Fondo Catastrófico, por lo que adelantó que estarán trabajando en una campaña publicitaria para darle visibilidad.
“Puede haber gente que lo necesite y no lo haya accedido, no porque no sea fácil de acceder, porque lo único que tienes es que solicitar y ya, sino porque no lo sabe y claramente yo creo que una de las prioridades en la parte de publicidad, claramente va a ser el Fondo, dentro de los recursos que tenemos”, sostuvo Ramos Otero.
Miembros de la Junta y directivos del Fondo dijeron en entrevista con el CPI que, aunque en promedio solicitan 150 personas anualmente, son muchas más las que llaman a orientarse y son referidos a otras fuentes de apoyo, pero nunca proveyeron datos ni un estimado de este presunto volumen de llamadas que son redirigidas.
La Asamblea Legislativa realizó el cuatrienio 2017-2020 una investigación sobre el Fondo Catastrófico. La medida presentada por los entonces senadores Carlos Rodríguez Mateo y Ángel “Chayanne” Martínez Santiago buscaba conocer el estado fiscal del Fondo y corroborar si las partidas presupuestarias que le fueron asignadas por Ley le estaban siendo enviadas.
La Comisión de Salud del Senado concluyó que no se realizaban las aportaciones y que el Fondo Catastrófico no alcanzaba la asignación anual de $10 millones, que se supone recibiera de distintas fuentes gubernamentales, entre ellas la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica. Tras la designación de la Junta de Control Fiscal, en 2016, el presupuesto autorizado fue cerca de $8 millones que son incluidos en el presupuesto general de gastos del gobierno de Puerto Rico, según el informe legislativo.
En ese entonces, el Senado recomendó, entre otras cosas, que la Oficina del Contralor realizara una auditoría y que la Junta Evaluadora del Fondo Catastrófico considerara crear una campaña en medios masivos para obtener donativos. La campaña no se ha realizado.
Durante años el Fondo operó en déficit
El Fondo ha enfrentado problemas presupuestarios por casi dos décadas por razones que van de la aprobación de casi el doble de los donativos de lo presupuestado, a aumentos en los costos de los tratamientos e incumplimientos de la Lotería en desembolsar las remesas que por ley debe enviar a la entidad, reconoció el licenciado Pesante Sánchez, persona a cargo del tema presupuestario. Al cierre de esta edición, el Fondo no había provisto datos de sus desembolsos anuales reales ni las fuentes que usó para cubrir los déficits. Pesante Sánchez dijo en entrevista con el CPI que el Fondo operaba a fuerza de compromisos de pago a los suplidores y buscando fuentes alternativas de financiamiento que no precisó.
El CPI revisó las minutas de las reuniones de la Junta Evaluadora, donde se evidencia este incumpliento por parte de la Lotería. Por ejemplo, durante una reunión de la Junta en el 2015, el contador del Fondo, José Ocasio, se quejaba de que la Lotería les debía “la cantidad de $6 millones”.
La situación presupuestaria que provocaba esos incumplimientos ocasionó que instituciones hospitalarias, como el MD Anderson, en Texas, hayan rechazado atender pacientes, ya que el Fondo les debía dinero.
“El hospital solicita que el pago sea por adelantado, ya que en años anteriores el Fondo tiene deudas pendientes”, se dice en una minuta del 2015 sobre uno de los casos aprobados por la Junta Evaluadora en una situación de emergencia para un paciente que tenía cita programada en la institución hospitalaria.
La deuda existente era de 2005 y 2006 y, de acuerdo a la minuta, el procedimiento fue cancelado por el hospital hasta que se recibiera el pago. “Se llevó a cabo un sinnúmero de gestiones y ninguna fue lograda. El objetivo era conseguir una nueva oportunidad, pero ninguna fue aprobada”, indica la minuta del 2015.
Ramos Otero mencionó que esta situación con los hospitales ocurrió mientras él era presidente del Colegio de Médicos y recordó que para el 2015, había una deuda con los hospitales que rondaba entre $20 y $25 millones. El secretario aseguró que esta situación se resolvió.
El Departamento de Hacienda no respondió al CPI una solicitud de información sobre la cantidad desembolsada al Fondo Catastrófico correspondiente a las ventas de la Lotería por los pasados 10 años.
Pesante Sánchez explicó que se supone que esos fondos se reciban cada dos meses, pero que, en cambio, los estaban recibiendo cada seis meses en promedio. No obstante, aseguró que actualmente la situación se normalizó y se reciben cada dos meses o trimestralmente.
Según las minutas, la Junta del Cannabis Medicinal también ha incumplido con enviar las aportaciones al Fondo Catastrófico. El secretario de Salud, que también preside esa Junta, dijo que el dinero proveniente del Cannabis Medicinal no responde a una obligación legal, sino a una decisión voluntaria de la Junta. Ramos Otero dijo ante los cuestionamientos del CPI que la transferencia de fondos del Cannabis al Fondo Catastrófico será una prioridad suya como líder de esa Junta.
La Ley 42 de 2017 señala en su Artículo 27 que: “La Junta podrá determinar y destinará cada año una partida del ingreso por concepto de las licencias para el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables”, pero no establece una cantidad específica a transferir.
Pesante Sánchez dijo que, considerando la importancia del Fondo Catastrófico y las complejidades e imprevistos que conllevan algunos tratamientos, la Junta de Control Fiscal los autorizó a operar en déficit.
Se lavan las manos los planes médicos privados
La Ley del Derecho a la Salud, que creó el Fondo, estableció un presupuesto mínimo de $8 millones, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal y otros $2 millones provendrían del dinero recurrente asignado mediante la Ley de Lotería de Puerto Rico. El doctor Obed García Guzmán, quien fue representante del Colegio de Médicos Cirujanos en la Junta Evaluadora del Fondo Catastrófico desde el 2015 a octubre del año pasado, dijo que cuando se discutió la aprobación del Fondo se dijo que la asignación presupuestaría se revisaría anualmente, pero eso no ha pasado y cada año fiscal se ha continuado con la misma petición presupuestaria. La Ley 150 de 1996 señala que la Junta Evaluadora le certificará anualmente al secretario de Hacienda un estimado de los recursos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley y ese funcionario incluirá dichos recursos con cargo al Fondo General de Puerto Rico.
“Nadie ha querido hacerlo, nadie se ha atrevido a exigir que eso se revise, que se le asigne más dinero”, sostuvo García Guzmán.
“Actualmente, Puerto Rico está bajo el control de una Junta de Control Fiscal y nadie se atreve a exigir más dinero para eso. Se parte de un presupuesto base, aun habiendo necesidades y costos que aumentan a través de los años. Hay nuevas tecnologías, nuevas técnicas que son sumamente costosas, ya estamos teniendo medicamentos de alta tecnología, de biotecnología, que pueden costar un millón de dólares”, agregó.
Según el galeno, “hay que replantearse los fondos del Fondo” ya que, por ejemplo, si una persona tiene un accidente de tránsito y necesita un procedimiento fuera de Puerto Rico, ACAA solo cubre en la Isla y por eso, algunos pacientes recurren al Fondo Catastrófico para cubrir los gastos de un tratamiento que pudiera salvar su vida. En esos casos, según opina García Guzmán, ACAA debería reembolsar ese dinero al Fondo Catastrófico. Lo mismo debería ocurrir con los gastos de pacientes pediátricos bajo Medicaid que se envían a Estados Unidos.
Criticó la negligencia de los planes médicos que abandonan a sus pacientes al decirles: “‘Eso yo no lo cubro, vete al Fondo’. Eso no debe ser así”. A su juicio, los seguros médicos deben mostrar más compromiso con sus pacientes y cubrir los tratamientos que no se ofrecen en Puerto Rico y que los pacientes tienen que procurar en Estados Unidos.
García Guzmán dijo que las aseguradoras que forman parte de la red del Plan Vital no cubren trasplantes, pero recientemente empezaron a costear los de córnea. Aunque no cubre el implante para la pérdida auditiva, que ha sido sufragado por el Fondo Catastrófico, el Plan Vital sí asume el costo de la calibración del equipo que se implanta.
El médico dijo que los planes privados cubren los trasplantes dependiendo de la cubierta que tenga el paciente. “Realmente la mayoría de las personas tienen cubiertas [de plan privado] bien baratas que no cubren esto”, sostuvo García Guzmán.
Ante la falta de cubierta del seguro médico, la Sociedad Americana contra el Cáncer, por ejemplo, refiere alrededor de 10 pacientes al año al Fondo Catastrófico, en su mayoría para trasplantes autólogos con células madre o pacientes que necesitan tratamientos fuera de Puerto Rico, indicó por su parte la navegadora de casos Jacqueline Agramonte.
La falta de respaldo del seguro médico privado que han estado pagando lleva a que algunos pacientes cambien al plan del gobierno cuando enfrentan un diagnóstico catastrófico, explicó María Cristy, vicepresidenta de Salud y Servicios al Paciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer.
Aunque a sus asegurados les niegan cubiertas en momentos en que dependen de un tratamiento para salvar sus vidas, las compañías de seguros de salud “han andado detrás” del Fondo Catastrófico para que el gobierno les permita administrarlo, dijo el secretario de Salud. Incluso, dijo, las aseguradoras presentaron esta propuesta a diferentes líderes de las campañas políticas en las elecciones pasadas para que se incluyera en las plataformas de gobierno que presentaron a los electores en 2024. Ramos Otero, quien fue la persona que confeccionó la plataforma de Salud de la gobernadora Jenniffer González, dijo que se opuso a que esa propuesta se incluyera en la plataforma de la candidata del Partido Nuevo Progresista.
Sugieren cambios en la otorgación del Fondo Catastrófico
A juicio del doctor Ibrahim Pérez, veterano médico, salubrista y ex director de salud del Municipio de San Juan, se debería crear un grupo independiente de médicos adiestrados en el área específica de necesidad que el paciente presenta para que se encargue de evaluar los casos que merecen aportaciones económicas del Fondo Catastrófico para recibir tratamientos que alarguen su vida.
Además, dijo que se debe ser bien selectivo en la aprobación de los casos y hacerlo limitado a gente con criterios verdaderamente meritorios. De igual manera, opinó que se deben tomar en consideración las circunstancias familiares, sociales y emocionales del paciente para tomar una decisión.
Incompleta la Junta Evaluadora
El Fondo Catastrófico cuenta con una Junta Evaluadora que se reúne mensualmente para discutir las solicitudes y decidir a quién se le da dinero para su tratamiento y a quién no. Actualmente, esta Junta tiene vacante una posición de representante de la comunidad, según datos provistos por el DS.
Además, el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz Vélez, no ha participado de ninguna reunión luego de la salida de García Guzmán en octubre pasado ni ha delegado en algún representante, aseguró Martínez Barbosa. La funcionaria dijo que le han enviado tres cartas a Díaz Vélez –quien mantiene una agría disputa pública con Ramos Otero hace años– y no han tenido respuesta. El doctor Díaz Vélez no contestó las llamadas del CPI para reaccionar a esta información.
El secretario de Salud dijo al CPI que desconocía de la vacante de la comunidad, pero que hablaría sobre ello con la Gobernadora porque es un nombramiento sobre el que ella tiene que actuar.
La Junta está compuesta por nueve miembros que son el secretario de Salud, el Presidente del Colegio de Médicos, el secretario de Hacienda, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el secretario del Departamento de la Familia. Además, la componen dos representantes de la comunidad y dos médicos que son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.
El representante del secretario de Salud en la Junta es el doctor Javier Cuevas Marrero, y los representantes médicos especialistas son el doctor Natalio Debs, cirujano plástico, y la doctora Joselyn Molina, hematóloga oncóloga. María Calvo Ruiz es la representante de la comunidad.
Mientras tanto, Martínez Trinidad —como tantas otras personas en Puerto Rico— sigue luchando y buscando dinero para pagar las deudas médicas pendientes y los próximos gastos relacionados a la enfermedad de Ayala Martínez. Tras la entrevista del CPI, funcionarios del Fondo Catastrófico les informaron que esta misma semana les permitirán solicitar un donativo para la próxima cirugía.