La jueza federal María Antongiorgi Jordán concedió hoy un interdicto preliminar que impide a la Casa Blanca hacer efectivas las destituciones de tres miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF): Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa.
La determinación mantiene vigente la composición actual de la Junta mientras se dilucida en los méritos si el Ejecutivo federal violó la ley PROMESA y el derecho al debido proceso al intentar reemplazarlos.
Fallo reafirma límite “por causa”El Tribunal de Distrito sostuvo que PROMESA solo permite la remoción “por causa”, lo que implica aviso previo y oportunidad de vista antes de la destitución.
Según la jueza, los correos electrónicos enviados desde la Casa Blanca en agosto, notificando el fin de los nombramientos “efectivo de inmediato”, no cumplieron con los requisitos legales.
Tampoco bastaron las cartas enviadas semanas más tarde, en septiembre, donde la Casa Blanca intentó justificar las destituciones alegando “ineficiencia” o “inefectividad”.
La jueza destacó que esas misivas llegaron tarde y sin brindar oportunidad alguna de defensa o audiencia.
“PROMESA no autoriza destituciones a voluntad. Leer ‘por causa’ como discreción absoluta vaciaría de contenido la protección impuesta por el Congreso”, establece la orden.
Interés de propiedad y debido proceso
El tribunal también reconoció que los miembros de la JSF, al estar protegidos contra remoción arbitraria, poseen un interés de propiedad en sus cargos.
Por tanto, cualquier destitución requiere cumplir con el debido proceso constitucional.
“Al tener una limitación de remoción ‘por causa’, los demandantes no pueden ser separados sin aviso ni oportunidad de responder. Eso es un interés protegido por la cláusula de debido proceso”, resolvió la jueza.
Daño irreparable y status quoLa orden judicial argumenta que permitir las destituciones generaría un daño irreparable, pues una vez sustituidos los miembros, no podría restituirse la situación original.
Por ello, la jueza resolvió preservar el status quo mientras se ventila el caso en los méritos.
“El Tribunal no puede garantizar un remedio efectivo si los demandantes son reemplazados. El daño a sus intereses y a la estabilidad institucional sería irreversible”.
Cronología del conflicto
1 de agosto de 2025: La Casa Blanca envía correos electrónicos a González y Rosa informando su destitución “efectiva de inmediato”.
13 de agosto: Biggs recibe comunicación similar.
18 de septiembre: Se radica la demanda ante el Tribunal de Distrito.
26 de septiembre: Se remiten cartas tardías con alegaciones de “ineficiencia”.
29 de septiembre: Se celebra vista; algunos codemandados no se oponen al interdicto.
3 de octubre: La jueza emite la orden concediendo el interdicto preliminar.Lo que vieneEl caso continuará en la fase de méritos, donde se determinará si la Casa Blanca violó PROMESA al intentar cesantear a los tres miembros.
De mantenerse la interpretación del tribunal, cualquier intento futuro de destitución requerirá un proceso formal con aviso y vista.
La determinación también otorga mayor certeza institucional a la JSF, en momentos en que el ente maneja casos de alto impacto fiscal, como la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).