La Fiscalía federal recomendó hoy una pena de 12 meses de prisión para la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, tras concluir que su actuación en el ciclo electoral de 2020 —al aceptar una contribución prometida por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini— representó una grave violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés) y un daño incalculable a la confianza del pueblo en la integridad de las elecciones.
“Vázquez corrompió el proceso electoral de Puerto Rico al aceptar aportaciones prometidas por un extranjero. La magnitud del daño intangible causado a la gente de Puerto Rico exige un término de encarcelamiento”, sostuvo la Fiscalía en su memorando de sentencia sometido este lunes ante la jueza Silvia L. Carreño Coll.
El documento, radicado por el fiscal federal W. Stephen Muldrow y los fiscales asistentes Seth A. Erbe y Myriam Y. Fernández González, solicita que la exgobernadora sea sentenciada a 12 meses de prisión, un término de libertad supervisada y una multa a discreción del tribunal.
La vista de sentencia está pautada para el 15 de octubre en la sala 6 del Tribunal Federal en Hato Rey, aunque la defensa solicitó hoy un aplazamiento para poder impugnar parte del informe presentencia (PSR) que —alegan— incluye alegaciones del pliego original de 2022, el cual será desestimado como parte del acuerdo de culpabilidad.
Vázquez Garced se declaró culpable el pasado 27 de agosto de un solo cargo menor por aceptar una promesa de contribución de campaña de un extranjero, en violación de la sección 30121 del Título 52 del Código Federal.
El acuerdo de culpabilidad eliminó las imputaciones más graves de conspiración, soborno y fraude electrónico contenidas en la acusación original de 2022. A cambio, Vázquez admitió haber aceptado la promesa de una aportación valorada entre 15,000 y 25,000 dólares, que sería canalizada mediante una firma consultora y un SuperPAC dirigido por el consultor político Dane Waters.
Según la Fiscalía, Herrera Velutini buscaba que Vázquez detuviera una auditoría de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) a su banco, Bancrédito, y nombrara a Víctor Rodríguez Bonilla como comisionado de la agencia. En mayo de 2020, la entonces mandataria efectivamente designó a Rodríguez Bonilla al cargo, tras semanas de intercambios entre sus asesores, consultores y allegados al banquero.
El Ministerio Público justificó su solicitud de cárcel no solo por la gravedad del delito, sino también porque, tras declararse culpable, Vázquez minimizó su responsabilidad ante la prensa y culpó a sus asesores, afirmando que su actuación “no tenía nada que ver con su función como gobernadora”.
La Fiscalía sostuvo que esas expresiones contrastan con una genuina aceptación de responsabilidad y subrayó la necesidad de imponer un castigo ejemplar que disuada a otros funcionarios de incurrir en corrupción electoral.
“Un delito de esta naturaleza socava la confianza del pueblo en sus instituciones y debe tener consecuencias reales”, argumentó el Ministerio Público.
Durante su vista de alegación de culpabilidad, la fiscal federal Myriam Y. Fernández González dejó constancia de que, aunque la defensa puede pedir probatoria, el gobierno tiene derecho a solicitar una pena de prisión dentro del rango de seis a 12 meses establecido por las guías federales.
El cargo fue el resultado de negociaciones en Washington D.C. entre los abogados de Vázquez y Herrera Velutini con funcionarios del Departamento de Justicia federal, que culminaron con la desestimación de la acusación original.
La vista de sentencia sigue pautada para el 15 de octubre, salvo que el tribunal acoja la moción de la defensa para reprogramarla después del 23 de noviembre. El tribunal deberá evaluar las objeciones al PSR, las recomendaciones de ambas partes y los factores de sentencia antes de dictar la pena final.