El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Jesús Colón Berlingeri, expresó su respaldo al Proyecto de la Cámara 420, que busca congelar por tres años el impuesto sobre el inventario.
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Berlingeri, quien además es el alcalde de Orocovis, dijo que el CRIM valora que el proyecto atienda la reclamación de los comerciantes, pero recordó que para los ayuntamientos el impuesto al inventario es una fuente crítica de financiamiento.
Según cifras del CRIM, la contribución sobre la propiedad mueble representa el 45% de los recaudos municipales, de los cuales $318 millones corresponden al impuesto al inventario, es decir, este impuesto equivale al 59% de la contribución mueble, y sostiene gran parte del presupuesto operativo municipal.
El ejecutivo municipal indicó, que el CRIM invita a la gobernadora, a la Legislatura de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal a trabajar junto con esta entidad para identificar fuentes de financiamiento que sustituyan los cerca de $318 millones que los municipios perderían con la eliminación total del impuesto al inventario.
“La pérdida de dichos recursos afectaría gravemente los servicios municipales esenciales. De hecho, desde 2018 los municipios han sufrido ya una reducción de aproximadamente $360 millones debido a la eliminación del Fondo de Equiparación y Exoneración, lo cual se ha traducido en recortes en los presupuestos municipales y en la prestación de servicios básicos, tales como, servicio de ama de llaves, manejo de emergencias, programas de limpieza y servicios al ciudadano, hasta mejoras viales, actividades deportivas y mantenimiento de infraestructuras, de modo que varios municipios no han podido cumplir con algunas obligaciones estatutarias”, aseguró.
Los municipios son parte integral del gobierno de Puerto Rico y constituyen “la primera línea de atención a las necesidades de la población”. Su cercanía y contacto directo con los ciudadanos les permite ofrecer servicios esenciales adaptados a las necesidades locales, por lo que trastocar sus fuentes de ingreso provocaría el colapso operacional de los municipios y generaría responsabilidades y costos adicionales para el gobierno central, algo que el CRIM busca evitar.
El análisis del CRIM subraya, además, que la reciente aprobación de la Ley 78-2025, que concede exención contributiva a medicamentos recetados, tendrá un impacto proyectado de $21 millones en los ingresos municipales.
El CRIM reitera que no se opone a la eliminación del impuesto sobre el inventario siempre y cuando se establezca una fuente de fondos recurrente que garantice la continuidad de los servicios municipales. Consciente de la carga contributiva que representa este impuesto para los comerciantes, la institución está en la disposición de colaborar en la identificación de mecanismos y fuentes alternas que reemplacen dichos ingresos. En ese sentido, la entidad enfatiza la urgencia de que el gobierno central coordine los esfuerzos necesarios con el CRIM y los municipios para diseñar un plan fiscal equilibrado.
El CRIM hizo un llamado a la Gobernadora, a la Legislatura de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal para que, de manera colaborativa, trabajen con esta institución en la identificación de soluciones de financiamiento que permitan sustituir los ingresos que hoy genera el impuesto al inventario.
“Sólo a través del trabajo conjunto se podrá garantizar la estabilidad financiera de los municipios y la continuidad de los servicios esenciales que estos proveen a la ciudadanía”, concluyó.