La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deberá preparar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, que incluya alternativas de energía renovable.
Así lo establece una decisión del juez Jay A. García-Gregory, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que atendió una demanda de grupos conservacionistas y comunitarios que cuestionaron la falta de evaluación de alternativas de energía limpia en los planes federales.
En el fallo, el tribunal concluyó que FEMA incumplió la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al no evaluar adecuadamente las opciones de energía renovable distribuida en su Programa de Evaluación Ambiental de Servicios Públicos (Utilities PEA). La sentencia califica la actual infraestructura eléctrica, dependiente de combustibles fósiles, como “inadecuada, poco fiable y extremadamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos”.
El juez García-Gregory también señaló que la continuidad de fondos para infraestructura de combustibles fósiles podría impedir que Puerto Rico adopte alternativas renovables en el futuro cercano.
Aunque la decisión no obliga a FEMA a adoptar una alternativa renovable, sí exige un análisis exhaustivo en una EIS. El tribunal determinó que las alternativas de energía renovable eran “razonables y viables” y que la agencia debía considerarlas, especialmente porque fueron presentadas durante el período de comentarios públicos.
El fallo también subraya que una EIS es esencial para garantizar que la decisión final se base en todos los factores relevantes y que se establezcan medidas de mitigación aplicables.
Reacciones a la sentencia
La decisión “rompe con la idea errónea de que solo hay una forma de transformar el sistema eléctrico” y reconoce la viabilidad de un sistema renovable y distribuido, afirmó Federico Cintrón Moscoso, de El Puente de Williamsburg y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas. A su juicio, el fallo valida el derecho de los puertorriqueños a contar con un sistema energético limpio y accesible.
La presidenta del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida (YUCAE), Lydia M. Díaz Rodríguez, destacó que la orden judicial de realizar un análisis detallado es fundamental para la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
Por su parte, Howard Crystal, director legal del programa de justicia energética del Centro para la Diversidad Biológica, consideró que “no tiene sentido que FEMA gaste miles de millones en mantener una red centralizada basada en combustibles fósiles que falla constantemente”.
En la misma línea, la abogada Ruth Santiago sostuvo que los fondos para la recuperación representan “una oportunidad única para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico”.
El caso está vinculado al uso de fondos de ayuda tras el huracán María en 2017. La demanda alegó que FEMA planeaba invertir al menos 12.000 millones de dólares en proyectos que perpetuarían la dependencia de combustibles fósiles en la isla por décadas.
La sentencia también señala que los proyectos de FEMA entran en conflicto con la ley de energía de Puerto Rico de 2019, que establece el objetivo de alcanzar un 100 % de generación renovable para 2050.
La decisión del juez García-Gregory llega en un contexto de vulnerabilidad para la red eléctrica puertorriqueña, afectada por apagones crónicos, incluida una interrupción masiva tras el paso cercano del huracán Erin en agosto de 2025.
Los demandantes incluyen el Centro para la Diversidad Biológica y ocho grupos comunitarios de Puerto Rico.