La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió un informe donde se revelan pagos en exceso por parte del Municipio de Moca a una empresa contratada para administrar el sistema de emisión y cobro de multas de tránsito.
Los pagos en exceso a la empresa suman 176,322 dólares.
Según el informe, los contratos firmados en 2016 y 2021 establecían que la compañía recibiría un pago contingente escalonado de hasta 45 por ciento de las multas cobradas, en violación a lo dispuesto en la Ley de Municipios de 1991 y el Código Municipal de 2020, que limitan ese tipo de compensación a un 10 por ciento.
Al 20 de junio de 2024, el municipio había pagado 226,713 dólares, lo que representa el exceso identificado por la Contraloría. El informe recomienda el recobro de esos fondos.
Además, los auditores hallaron que el municipio solicitó y recibió 6,636 dólares en exceso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por concepto de un contrato de alquiler de equipo pesado utilizado tras la tormenta Fiona, lo que, según el informe, “afecta la reputación y la percepción de transparencia y buena gestión de los fondos públicos”.
La auditoría también encontró errores en los cómputos de liquidaciones de licencias acumuladas a 106 funcionarios y empleados, que resultaron en pagos 5,540 dólares menores a seis extrabajadores y 791 dólares en exceso a otros dos.
Asimismo, el municipio no había actualizado sus reglamentos de personal desde 2019, por lo que las disposiciones sobre licencias de maternidad, paternidad y adopción no estaban alineadas con la legislación vigente.
Otro hallazgo establece que la secretaria municipal remitió con retraso al Departamento de Justicia los informes sobre demandas judiciales, algunas de hasta cinco años de tardanza. Entre 2018 y 2024, el municipio enfrentó 16 demandas por un total de 2 millones de dólares, de las cuales 13 habían sido resueltas al 10 de junio de 2024.
El municipio también tuvo que pagar 35,000 dólares por un acuerdo transaccional en un caso de discrimen, hostigamiento sexual y represalia. Este asunto fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental en 2022.
Otro hallazgo detalla que un empleado recibió un diferencial de 7,900 dólares pese a no cualificar para el puesto de director interino de Planificación y Ordenamiento.
La legislatura municipal modificó los requisitos académicos del cargo en noviembre de 2023 para permitir que el empleado lo ocupara en propiedad.
Finalmente, la Oficina del Contralor Electoral impuso una multa de 5,000 dólares al comité de campaña del exalcalde Ángel Pérez Rodríguez, por usar una página del municipio para hacer campaña política. El caso está ante la consideración de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
La OCPR recomendó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asegurar que el municipio cumpla con el plan de acción correctiva.