La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, retomó este martes la discusión sobre la posibilidad de establecer plantas nucleares en Puerto Rico, a través de la Resolución de la Cámara 400.
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La medida busca auscultar la viabilidad, conveniencia y seguridad de nuevas tecnologías modulares para la generación de energía eléctrica.
La vista pública, celebrada en el Capitolio, reunió a representantes de LUMA Energy, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Asociación de Industriales de Puerto Rico y el colectivo técnico The Nuclear Alternative Project (NAP). Aunque la mayoría de las comparecencias coincidieron en la necesidad de diversificar la matriz energética del país, algunos también advirtieron que la implementación de energía nuclear enfrenta retos económicos, regulatorios y de percepción pública.
El DDEC, a través de su Programa de Política Pública Energética, recordó en su ponencia que la discusión sobre energía nuclear no es nueva. Desde la década de 1980, la Asamblea Legislativa ha ordenado estudios similares.
La agencia destacó que “la energía nuclear, aunque no renovable, no emite gases de invernadero y permite producir electricidad a bajo costo”. Sin embargo, el documento advirtió que los riesgos asociados a la localización sísmica de la isla, el manejo de desechos radiactivos y los altos costos de construcción requieren una evaluación más amplia.
El DDEC señaló que las investigaciones previas del Senado y de la Cámara han coincidido en que Puerto Rico debe concentrar sus esfuerzos en fortalecer las energías renovables y fomentar la eficiencia del sistema antes de contemplar una planta nuclear.
Por su parte, LUMA Energy enfatizó que no tiene jurisdicción sobre la política pública de generación, pero reconoció que, de aprobarse un proyecto nuclear, tendría un rol técnico clave.
“LUMA llevaría a cabo evaluaciones como el Feasibility Study y el System Impact Study para asegurar que cualquier proyecto futuro, incluyendo uno de energía nuclear, pueda integrarse de manera segura y eficiente al sistema eléctrico existente”, señaló la empresa en su ponencia.
Sin embargo, LUMA resaltó que los estudios realizados durante la preparación del Plan Integrado de Recursos (PIR) ya habían considerado la energía nuclear, concluyendo que “el alto costo y la falta de disponibilidad comercial no la hacían la mejor opción para Puerto Rico”.
Desde el sector privado, la Asociación de Industriales de Puerto Rico coincidió en la importancia de mantener abierto el debate, pero rechazó que la energía nuclear sea una solución inmediata a la crisis energética.
En su ponencia, su presidente Rafael Vélez Domínguez sostuvo que “en lugar de apostar por la energía nuclear —una opción costosa y probablemente inviable en el corto y mediano plazo—, Puerto Rico debería enfocar sus recursos en robustecer y automatizar el sistema de transmisión y distribución, reemplazar los activos obsoletos por nuevas tecnologías de generación eficiente con capacidad firme, combinadas con fuentes renovables y sistemas de almacenamiento”.
La organización insistió en que “apostar por la energía nuclear sin resolver los problemas estructurales de la isla sería como construir una casa sobre cimientos de arena”.
La posición más favorable provino del Nuclear Alternative Project (NAP), un grupo de ingenieros puertorriqueños que trabaja en la industria nuclear de Estados Unidos. Su ponencia planteó que los nuevos reactores modulares, de menor tamaño, refrigeración pasiva y zonas de emergencia reducidas, pueden adaptarse a las condiciones de Puerto Rico, con ventajas como menor consumo de agua, arranque autónomo tras apagones y alta tolerancia a eventos naturales.
“Las redes con mayor diversidad de fuentes de generación logran mayor confiabilidad, resiliencia y costos más estables a largo plazo. La incorporación de energía nuclear junto con la solar, la eólica y la infraestructura de gas existente aportaría a una base firme y baja en carbono”, sostuvo la entidad.
El NAP también resaltó que la opinión pública no es tan adversa como se presume. Según una encuesta realizada por la organización en 2020, el 93 % de los encuestados mostró apertura a aprender sobre los posibles beneficios de la energía nuclear, priorizando criterios como salud, medioambiente y reducción de costos.
“Existe una clara necesidad de educación pública sobre el impacto económico y las oportunidades laborales que la energía nuclear puede generar para las comunidades”, indicó el grupo.
Aunque la discusión legislativa aún se encuentra en etapa exploratoria, el presidente de la Comisión Franqui Atiles señaló que el objetivo no es promover una planta nuclear inmediata, sino generar información técnica y científica que sirva de referencia en futuras decisiones energéticas.
La resolución ordena recopilar datos sobre seguridad, tecnología y costos, además de evaluar las implicaciones de política pública y posibles enmiendas a la Ley de Política Energética.