Un hombre que atraviesa por violencia sexual no se identifica como víctima por el miedo y el tabú, pero parte de lo que exacerba ese pensar es que el sistema de justicia, de educación, entre otros pilares, no reconocen la legitimidad del reclamo, lo minimizan o lo atribuyen como un asunto exclusivamente femenino.
Según el estudio Silencio masculino, elaborado por investigadores de la Escuela Graduada de Trabajo Social del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en el que dialogaron con psicólogos, consejeros, trabajadores sociales y fiscales que han trabajado con la población, el varón es reacio a identificarse como víctima, no siente que tiene el derecho de serlo o no reconoce el incidente como violencia sexual.
Para Nicole Torres Rodríguez, una de las coinvestigadoras, ese fue uno de los hallazgos más reveladores, así como una escasez de material educativo sobre el tema.
“Otros profesionales venían a atender estos asuntos con perspectiva de discrimen de género, con poca capacitación, y todo eso venía acompañado de lo que sería la falta de información”, compartió en videollamada con Metro Puerto Rico.
Adalys Hernández Rodríguez, coautora, aportó que algunas actitudes que los profesionales presentaban ante hombres víctimas, a causa de poco conocimiento, eran hostigamiento, uso de términos despectivos, preguntas que cuestionaban la sexualidad de la víctima, burlas y comportamientos intimidantes.
“Esta falta de credibilidad lo que provoca es una invalidación y una minimización de estos eventos”, añadió la investigadora. Además, esto induce un proceso de revictimización. Dichos comportamientos, amplió, responden a un sistema patriarcal, que establece estereotipos de los roles hombre-mujer.
El coautor William Robles Torres expandió también en cómo el patriarcado incide en otras comunidades marginadas, como las personas trans y de diversidad funcional. En la primera, se culpa a la víctima por “engañar” a quien ejerce el acto violento; en el segundo, se atribuye a la condición fisiológica.
Freeda Jusino Sierra, directora de la tesis, resumió que estas inclinaciones tanto de profesionales como de las víctimas responden a una “violencia estructural”, reflejada por un vacío de enseñanza de sexualidad o perspectiva de género en escuelas y menciones someras de estos conceptos en la Ley 85 de 2018, la Reforma Educativa.
Falta de adaptación en guías institucionales
El grupo de investigadores analizó que algunos protocolos del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud, del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y los SAFE kits, aunque no discriminatorios, son generalizados y obvian particularidades.
“La experiencia de violencia sexual que sufre una mujer no es igual a la que sufre un hombre, ni a nivel físico, ni social, ni cultural, ni a nivel político”, sostuvo Torres Rodríguez.
Un ejemplo que ofreció la egresada de trabajo social, compartido en entrevistas del estudio, fue un hombre que visitó un hospital por haber sido agredido sexualmente y nunca se le informó sobre su derecho a querellarse con la Policía u otras autoridades.
“En el hospital, no se siguió el protocolo que se supone […] Eso fue una desventaja porque las primeras horas luego de una agresión son sumamente importantes para abrir una investigación, y más de esta índole”, planteó.
Otro factor que abona a que la denuncia del hombre se minimice es que no presenta un quebranto o vulnerabilidad emocional. Hernández Rodríguez sugirió que, en esos casos, hay que crear espacios donde se sientan en confianza y seguros para compartir su experiencia.
Jusino Sierra aseguró que la reacción emocional “no debería tener ningún peso en lo que son los hechos o datos del caso”, puesto que depende de cuándo ocurrió el evento, entre otros factores. Comoquiera, hay abogados, jueces y fiscales que lo consideran sustancial, según ha percibido en su práctica como trabajadora social forense.
Robles Torres mencionó que existen más protocolos internos a los que no tuvieron acceso por ser confidenciales para fiscales y demás funcionarios del sistema judicial.
Educación como recomendación principal
Las recomendaciones principales de los investigadores involucran la educación, ya sean integraciones a currículos universitarios, educación continuada, capacitaciones, entre otras alternativas.
“La educación es un eje central”, acotó Robles Torres. Por el estudio, encontraron que hay profesionales, sobre todo los no especializados, que se adiestran “en la marcha”, mientras que quienes están adiestrados suelen laborar en clínicas de casos de violencia sexual.
Si bien la supervisora de la tesis reconoció que hay brechas en la educación, puntualizó que esa responsabilidad recae sobre los profesionales.
Pero también indicó que muchos adiestramientos, dependiendo de la profesión, son fuera de Puerto Rico y pueden escalar hasta $2,000 o $3,000. Tampoco hay una legislación que disponga que todo profesional que trabaje con esta población debe estar debidamente capacitado.
De acuerdo con las estadísticas de delitos sexuales del Negociado de la Policía, de enero a abril, se han registrado 149 casos de varones, lo que representa el 31.4 % del total de incidentes. En el mismo período, el año pasado, los casos alcanzaron 101 de 411; en todo 2024, la cifra aumentó a 330, o 24.5 % del total.
Pero esas cifras no son reales, dijo Jusino Sierra, porque muchas quedan silenciadas. “Van a haber personas que nunca lo van a decir. Van a sufrir la agresión por pena, vergüenza, desconocimiento, el ‘qué dirán’, homosexualismo internalizado. Por muchas variantes, no lo van a decir”.
La trabajadora social forense criticó que los datos se recogen por número, y no sujeto, por lo que los esfuerzos aislados de recopilación pueden ser duplicados y la víctima puede que no reciba una atención transdisciplinaria.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
Líneas de teléfono para buscar ayuda
Si usted, algún familiar o amigo experimenta abuso sexual, se exhorta a que llame al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud al 787-765-2285, disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana, libre de costo y confidencial. El CAVV ofrece orientación e intersesoría personal; consejería de apoyo; psicoterapia individual y grupal; intervención en crisis; acompañamientos, entre otras.
La Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres también ofrece servicios a hombres víctimas a través de la línea de orientación y ayuda para víctimas de violencia de género, sexual y/o acecho al 939-CONTIGO (939-266-8446), de manera confidencial, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Otros recursos donde buscar ayuda:
- PAF – Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual y sus Familiares de la Universidad Carlos Albizu
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- (787) 945-2777
- Programa de Salas Especializadas en Casos de Violencia de Género – Este servicio es para acciones judiciales para las víctimas de violencia sexual
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- (787) 641-6600; extensiones 5709, 5547, 5704, 5741 y 5743
- Policía de Puerto Rico – Línea de Orientación a Víctimas de Delitos Sexuales
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- 787-343-0000