A un día de que la Junta de Planificación (JP) iniciara la revisión del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT), voces de los sectores técnicos y de la construcción expresaron posturas encontradas sobre el rumbo que debe tomar el proceso y el alcance de las posibles enmiendas.
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Mientras el sector de la construcción aboga por flexibilizar las restricciones y analizar el impacto del plan vigente en la oferta de vivienda formal, el urbanista Pedro Cardona Roig advirtió sobre la falta de transparencia y el riesgo de alterar áreas protegidas sin base científica.
Cuestionó que el proceso de revisión haya comenzado sin cumplir con los mecanismos formales de participación ciudadana establecidos por ley. A su juicio, la JP no ha garantizado la transparencia necesaria ni ha iniciado el proceso conforme a los procedimientos reglamentarios.
“El proceso de revisión del Plan de Uso de Terreno es un proceso regulado que tiene que comenzar con la publicación de un edicto… y ese edicto no se ha publicado”, señaló.
Añadió que “los procesos del Plan de Uso de Terreno tienen que ser transparentes y tienen que ser cumpliendo con las disposiciones de la ley, porque de lo contrario la ciudadanía no tiene la capacidad de participar… como la ley le garantiza” .
Cardona Roig insistió en que, si no se da acceso real a la ciudadanía, el proceso corre el riesgo de repetirse a puertas cerradas.
“Ha estado sucediendo a puertas cerradas, en cuartos oscuros y espaldas de la ciudadanía… porque él dice que ya inició, pero no ha publicado el edicto”, expresó. También subrayó que cualquier modificación al plan debe sustentarse en datos técnicos y no en intereses particulares.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico Agustín Rojo, defendió la revisión como una oportunidad para evaluar el desempeño del PUT actual y ajustar su marco a las realidades socioeconómicas del país.
Según Rojo, la rigidez del plan vigente ha contribuido al aumento de la informalidad en la vivienda y ha limitado el desarrollo ordenado.
“La data lo que dice es que sobre el 60 % por ciento de las viviendas en Puerto Rico son viviendas informales, son viviendas que no fueron construidas por la vía formal”, explicó.
Señaló que las restricciones del PUT deben ser revisadas con evidencia técnica y sin estigmatizar al sector privado.
“El plan actual restringe al 86 % por ciento de todos los terrenos en Puerto Rico, que no son urbanizables. Eso no hay quien diga lo contrario, porque eso está en el Plan de Uso de Terrenos”, apuntó. Asimismo, agregó que la creación de métricas, anunciada por la JP, es un paso en la dirección correcta.
La Junta de Planificación ha insistido en que la revisión no parte de una dirección predeterminada y que las decisiones se tomarán con base en el insumo de agencias, academia, comunidades y grupos ambientales.
Estas expresiones surgen luego de que la Asociación urgió a liberar terrenos actualmente protegidos para atender la demanda de vivienda.
El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, también adelantó que favorece evaluar enmiendas al PUT para atender la creciente demanda de vivienda en el archipiélago.
“A su juicio, debe buscarse un balance entre conservación y desarrollo, e incluso defendió que construir en zonas como el carso “no es pecado capital, siempre que se haga con conciencia y con las previsiones que nos da la tecnología de hoy día”.