A tres años de aprobada la Ley 91-2022, oficiales correccionales convocan desde las redes sociales a un “Correctional Sick” —una ola de ausencias por enfermedad— que comenzaría hoy 12 de octubre, en reclamo por el aumento salarial que sigue sin reflejarse en sus nóminas.
La nueva convocatoria ocurre apenas un mes después de que, en septiembre, se registrara un alto ausentismo laboral que coincidió con una manifestación de los oficiales frente a las instituciones penales del país.
En una publicación difundida en Facebook se lee: “Compañeros, ya van 3 años de un aumento fantasma que nadie sabe dónde está. El Secretario tiembla al mencionarlo… ¿por qué tanto misterio? Esa verdad puede ser una Caja de Pandora. Este 12 de octubre comienza con más fuerza el Correctional Sick Basta ya de mentiras, excusas y faltas de respeto. ¡Oficial, alza tu voz!”.
Aunque la Alianza Correccional Unida (ACU) aclaró que no es la autora de la convocatoria, su presidenta Jessica Martínez Santos admitió que el malestar entre la matrícula “va en aumento” por el incumplimiento del alza salarial.
“Ya la oficialidad está cansada, está frustrada. Ahora, según el 14 de octubre, se cumple un año más en donde hay una ley firmada y no vemos el aumento de salario. Trabajamos con poco equipo, un ambiente laboral tenso y sin uniformes desde el 2022”, afirmó en entrevista con Metro al Mediodía.
Aumento firmado pero no ejecutado
La Ley 91-2022 fijó el salario base de los oficiales correccionales en $2,350 mensuales, con un aumento adicional de $746.67. Sin embargo, tres años después de su aprobación, el ajuste no se ha implementado.
Martínez insistió en que los fondos existen y responsabilizó al Ejecutivo por la dilación.
“Ese aumento está avalado por la ley que se firmó el 14 de octubre del 2022 y, al día de hoy, todavía los más de 3,500 oficiales correccionales no ven reflejado ese aumento de salario para poder garantizar una remuneración digna según las funciones que nosotros ejercemos dentro de las instituciones penales”, expresó.
El secretario de Corrección, Francisco A. Quiñones Rivera, declaró esta semana en Punto por Punto que la agencia necesita $37 millones recurrentes para hacer viable la ejecución de la ley, y que el asunto se encuentra en conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La JSF, sin embargo, ha sostenido que “nunca se opuso al aumento” y que el dinero ha estado incluido en presupuestos certificados desde 2022.
Crisis de personal y desgaste emocional
La líder sindical subrayó que el problema trasciende lo económico y se refleja en la salud física y emocional de los trabajadores.
“Determinó y se evidenció que nosotros tenemos un 77% de burnout. Estamos prácticamente como un veterano de guerra en cuanto a nuestra salud emocional y todos los efectos que tiene trabajar dentro de una cárcel”, reconoció la presidenta del sindicato.
También denunció extensas jornadas laborales por falta de personal: “Aquí se trabaja más de 12, 16, incluso hay compañeros que han trabajado 22 hasta 24 horas por la falta de oficialidad. Eso crea frustración. No es culpa del secretario, pero los compañeros ya no creen en el gobierno”.
Convocatoria y advertencia
Aunque la ACU no convocó formalmente el “Correctional Sick”, Martínez reconoció la legitimidad del reclamo.
“Hay una convocatoria de un grupo de oficiales a través de unas páginas que no conocemos, en donde se está promoviendo que desde el 12 hasta el 26 de octubre estén convocando a un absentismo masivo. Nosotros simplemente orientamos a la matrícula sobre cuál es el proceso legal para poder ausentarse”, explicó.
“El secretario lo sabe. Nosotros no vivimos de buena intención. Nuestra deuda y nuestro compromiso no se pagan con buena intención y somos los oficiales peores pagos a nivel de la nación americana”, detalló la líder sindical.
Martínez reiteró que el ausentismo es una manifestación de desesperación. “Las condiciones que tenemos dentro de las cárceles no garantizan ni seguridad, ni salubridad, ni mucho menos un ambiente en el que uno diga: me siento feliz asistiendo a trabajar”, relató.
El secretario Quiñones Rivera ha expresado que reconoce el reclamo y que comparte el interés en cumplir con la Ley 91-2022, pero advirtió que “requiere un compromiso presupuestario a largo plazo”.