El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la determinación del Departamento de Justicia de no designar un fiscal para investigar al alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo.
No obstante, el asunto será referido a la Oficina del Contralor, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor Electoral.
“A tenor del informe, la prueba que lo acompaña y después de un ponderado análisis de la totalidad de la investigación, concluyó el Panel que, al momento, no existe el quantum de prueba necesario para lograr una convicción en un proceso judicial. Por tanto, acogió la recomendación de Justicia de no designar un Fiscal Especial Independiente, pero refirió el informe a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor Electoral para la correspondiente evaluación, particularmente en cuanto a las alegadas deficiencias administrativas en el manejo de controles internos de asistencia y flotas de vehículos”, expuso un portavoz de la oficina del FEI en declaraciones escritas.
El caso se originó mediante un referido de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), relacionado con una querella presentada por Kimberly Torres Reyes contra Alicea Vasallo. Se alegó que el alcalde, en su carácter de candidato a la reelección, utilizó empleados municipales durante horas laborables para transportar adultos mayores al correo a recoger papeletas de voto adelantado; que se usaron vehículos oficiales del municipio para fines electorales; que algunos empleados llenaban papeletas con marcadores; y que una electora recibió dinero a cambio de su voto.
Justicia refirió el caso a su División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).
“La investigación de la DIPAC fue amplia, con múltiples declaraciones juradas de la querellante, de empleados municipales y de la electora aludida. También se evaluaron registros de asistencia del Departamento de Recursos Humanos del municipio, certificaciones oficiales, así como evidencia fotográfica y de video obtenida del teléfono celular de la querellante, quien es hija del candidato opositor a la alcaldía en ese momento”, según la Resolución del panel.
“En el análisis realizado por el Departamento de Justicia, se detectaron irregularidades en tarjetas de asistencia y ponches de salida. Añade que tales hallazgos, aunque ameritan ser evaluados desde la perspectiva administrativa, no permiten concluir desde el ámbito penal, con la evidencia existente en este momento, que los empleados estuvieran en funciones oficiales en el correo con la intención de cometer delito, ni que el alcalde ordenara un uso indebido e ilegal de recursos públicos”, añade la Resolución.
“La documentación recopilada demuestra que varios de los empleados se encontraban en licencia por enfermedad, vacaciones o tiempo compensatorio. Tampoco se acreditó el uso de vehículos oficiales para fines político-partidistas y, de hecho, se constató que, debido a la ubicación del correo en la salida principal del municipio, todo vehículo que saliera de la alcaldía debía necesariamente pasar por allí. Estos elementos explican la concurrencia observada sin que de ello se desprenda conducta delictiva”, concluyó.