La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social evalúa una medida dirigida a priorizar el restablecimiento de servicios esenciales durante situaciones de emergencias en los hogares sustitutos y de transición que albergan menores bajo la custodia del Departamento de la Familia (DF).
La Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para Hogares Sustitutos y de Transición, presentada por el representante Pedro Julio Santiago Guzmán, propone establecer como política pública que estas facilidades, bajo la supervisión de Familia, sean consideradas prioridad dentro de los planes de restablecimiento de servicios esenciales tras una emergencia o desastre natural.
“Cuando ocurre una emergencia, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que ningún menor bajo su custodia quede desprotegido. Sabemos que, durante huracanes, terremotos u otras crisis, Puerto Rico enfrenta interrupciones prolongadas que afectan directamente a esta población. Por eso, debemos asegurarles cuidado, protección y estabilidad —y eso incluye el acceso a los servicios esenciales. Por ello, asegurar que dichos hogares reciban prioridad en la restauración de servicios básicos es un paso necesario para proteger el bienestar físico y emocional de estos menores. Más que eficiencia, se trata de humanidad”, expresó Ocasio Ramos.
Durante la vista pública, legisladores de la Cámara de Representantes, enfatizaron que la falta de servicios esenciales pone en riesgo la salud de los menores, ya que puede provocar el deterioro en la conservación de alimentos y medicamentos, la interrupción de tratamientos médicos o terapias especializadas, la imposibilidad de mantener condiciones higiénicas adecuadas y la pérdida de comunicación con las agencias estatales responsables de su protección.
Precisamente, en la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 834, destaca que estos hogares funcionan, en la práctica, como extensiones del sistema de protección del Estado. Sin embargo, actualmente no existe una disposición legal que los reconozca formalmente como instalaciones prioritarias en los protocolos de restablecimiento de servicios esenciales. Esta ausencia legal genera inequidad en la respuesta post emergencia y limita la capacidad del Estado para cumplir efectivamente con su deber de proteger a esta población vulnerable.
La medida propone que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y las empresas de telecomunicaciones coordinen directamente con el Departamento de la Familia (DF) para garantizar una respuesta rápida y efectiva. Esto incluiría mantener un registro actualizado de las instalaciones elegibles y establecer protocolos claros para su priorización en caso de desastre.
Por su parte, la secretaria del DF, Suzanne Roig Fuertes, expresó mediante ponencia que “coincidimos con la exposición de motivos de la medida. Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido a nuestros menores una amplia gama de derechos y ha establecido diversos estatutos para promover que estos tengan la oportunidad de alcanzar una vida plena que redunde no solo en su beneficio, sino en el de toda la comunidad. Ello responde a la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a asegurar, proteger y garantizar el bienestar y los mejores intereses de los menores, por ser uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En ese rol, el Estado aspira a que nuestro pueblo sea más sano, equilibrado y feliz. Para lograr esa meta, debemos proveer a los niños, niñas y adolescentes de hoy el cuidado, la protección y las oportunidades que les permitan desarrollar su máximo potencial como individuos”.
En cambio, la representante de Claro, Diana Rivera Jiménez, expresó que el proyecto no debe ser aprobado, ya que, acorde a las leyes federales, la prioridad en la restauración de servicios recae sobre las entidades de seguridad y primeros respondedores —como bomberos, policías y hospitales—. “Sostenemos que el P. de la C. 834 no debe ser aprobado. Aunque el proyecto es bien intencionado y su propósito es muy meritorio, no es cónsono con el plan para restaurar la infraestructura de mayor envergadura ni con el servicio a las entidades encargadas de responder a emergencias y proveer servicios críticos a la población, lo cual redunda en mayor beneficio para los damnificados y la ciudadanía en general”, señaló Rivera Jiménez.
Finalmente, la representante de LUMA Energy, Rebeca Maldonado, avaló la medida y recomendó que, antes del inicio de cada temporada de huracanes, el Departamento de la Familia entregue al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) un listado actualizado de los establecimientos residenciales a través de la isla, para que sean priorizados en caso de emergencia, conforme al mecanismo y proceso establecido en el Plan Estatal para el Manejo de Emergencias.
“Es sumamente importante que este tipo de discusiones se den para identificar dónde están los retos y, en caso de una emergencia, poder responder de manera coordinada, responsable y con un enfoque que salvaguarde a las poblaciones más vulnerables”, puntualizó Ramos Ocasio.
El legislador también ordenó a la AAA comparecer a la próxima vista pública, luego de que la agencia se excusara de participar en esta sesión, siendo parte esencial del proceso.