La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced pidió este martes al Tribunal Federal en San Juan una extensión de 15 días para presentar sus objeciones al Informe Pre-sentencia (PSR), alegando que el documento incluye hechos y acusaciones provenientes del caso original de siete cargos que será desestimado como parte de su acuerdo de culpabilidad.
La jueza federal Silvia L. Carreño Coll concedió una extensión de 15 días a la exgobernadora para presentar sus objeciones al Informe Pre-sentencia (PSR).
Vázquez Garced se declaró culpable el pasado 27 de agosto de un solo cargo por recibir una contribución de un nacional extranjero, en violación del título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121. Su vista de sentencia está programada para el 9 de diciembre de 2025, ante el juez federal Silvia Carreño Coll.
En la moción sometida el 14 de octubre, los abogados Peter John Porrata, Luis A. Plaza-Mariota, Edgar Sánchez Mercado e Ignacio Fernández de Lahongrais sostienen que el informe preparado por el oficial probatorio federal “incluye como conducta relevante alegaciones y aseveraciones fácticas del pliego acusatorio 22-342 (SCC)”, el cual el gobierno federal se comprometió a desestimar al concluir la sentencia.
“La inclusión de conductas desestimadas —conductas que la acusada niega— presenta un asunto legal significativo que requiere análisis cuidadoso, consulta con el oficial probatorio y objeciones formales si no se logra una resolución informal”, señala el escrito presentado al tribunal.
Cuestionan uso de “conducta desestimada”
La defensa argumenta que debe realizar investigación jurídica exhaustiva sobre la permisibilidad de usar conducta desestimada como base para una recomendación de sentencia bajo la guía federal U.S.S.G. §1B1.3, lo que plantea consideraciones de debido proceso y el nivel de evidencia requerido para fundamentar esos hallazgos.
Además, indicaron que la extensión de 15 días —hasta el 31 de octubre— no afectará la fecha de sentencia, sino que permitirá “que todas las partes y el tribunal tengan un expediente completo de los asuntos en controversia”.
El caso contra la exgobernadora se limitó a un solo cargo de financiación política ilegal, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordara descartar los otros seis cargos presentados originalmente en 2022, una vez se formalice la sentencia.