Un grupo de corresponsales acreditados ante el Pentágono devolvió este miércoles sus credenciales y abandonó las instalaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en protesta por las nuevas regulaciones que, según denuncian, restringen la libertad de prensa y otorgan al Gobierno mayor control sobre la cobertura informativa.
Las medidas, promovidas por la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth, establecen revisión previa de entrevistas y supervisión directa de reportajes realizados dentro del edificio o en otras dependencias militares. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia The Associated Press, los cambios buscan “reforzar la seguridad operativa y evitar filtraciones”, aunque los periodistas los consideran una forma de censura institucional.
Varios reporteros de medios nacionales y extranjeros calificaron las condiciones como “inaceptables” y se negaron a firmar los nuevos acuerdos de acceso, que limitan la interacción con oficiales sin aprobación previa. La medida, según afirmaron, “socava la independencia editorial” y amenaza con romper una relación de transparencia que, aunque tensa, ha caracterizado las coberturas de defensa en Washington durante décadas.
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El Pentágono sostuvo en un comunicado que las nuevas normas “no buscan restringir el trabajo de la prensa, sino garantizar coherencia y seguridad” en la difusión de información sensible. Sin embargo, en la Casa Blanca, algunos funcionarios expresaron reservas y calificaron las restricciones como “innecesarias”, mientras otros defendieron la autoridad del Departamento para establecer sus propios protocolos internos.
Expertos en libertad de prensa y derecho constitucional advirtieron que las disposiciones podrían entrar en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a la libre expresión y a la labor periodística independiente. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instaron al Gobierno a revertir las medidas y restablecer las condiciones de acceso habituales.
Varios medios afectados evalúan presentar recursos legales y solicitar audiencias ante el Congreso, que podría intervenir para determinar si el Pentágono ha excedido sus competencias al imponer estas limitaciones.