El gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) emitió dos cartas formales al presidente de LUMA Energy, Juan Saca, reclamando información detallada sobre el manejo de fondos públicos, deficiencias en la ejecución del contrato y demoras en los procesos de reembolso federal que, según la AAPP, han provocado la actual crisis de liquidez del sistema eléctrico.
En las misivas, fechadas el 18 de octubre de 2025, el director ejecutivo de la AEE y zar de Energía, Josué Colón Ortiz señaló que los hallazgos presentados en la reunión reciente con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la firma Ernst & Young “confirman que el problema de liquidez que afecta el sistema eléctrico es consecuencia directa del incumplimiento de LUMA con sus obligaciones contractuales”.
Según el documento, entre los hallazgos más graves se encuentran que LUMA no ha reconciliado cerca de $750 millones en gastos realizados fuera de su presupuesto aprobado y que al menos 70,000 contadores no registran consumo, lo que ha provocado pérdidas millonarias en ingresos por energía no facturada. Esto surgió pese a las declaraciones recientes de LUMA, que ha atribuido los atrasos en los pagos a suplidores a una supuesta falta de financiamiento por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“PREPA no está ocultando fondos. Ha transferido más de $900 millones por encima de los presupuestos aprobados de LUMA entre los años fiscales 2022 y 2025”, puntualizó Colón Ortiz.
“Las deficiencias identificadas son alarmantes e inaceptables, y desmienten la narrativa pública de que el Gobierno o la AEE le deben dinero a LUMA”, continuó la misiva.
La carta solicita a LUMA entregar antes del 24 de octubre información detallada sobre cuentas por pagar y cobrar, proyecciones de flujo de efectivo, compensaciones ejecutivas, gastos publicitarios, informes de inventario y pérdidas técnicas y no técnicas, así como un plan correctivo integral con medidas concretas para restablecer el cumplimiento del contrato.
Colón advirtió que el Gobierno “no continuará subvencionando ni excusando incumplimientos contractuales, negligencia financiera o mala administración sistémica”.
En una segunda carta separada enviada el mismo día, Colón Ortiz respondió a comunicaciones de LUMA en las que la empresa se negó a entregar información solicitada por la AAPP, argumentando que la agencia “carece de autoridad” para emitir requerimientos formales.
“Esa posición es incompatible con el OMA de Transmisión y Distribución y con los estatutos aplicables, y tergiversa el mandato integral de supervisión de la AAPP, que incluye la autoridad para emitir solicitudes detalladas de información (RFIs) sobre cumplimiento operacional, financiero y regulatorio”, sostuvo el ingeniero.
La AAPP subrayó que las solicitudes de información están amparadas en la Ley 120-2018 (Ley de Transformación del Sistema Eléctrico), la Ley 29-2009 (Ley de Alianzas Público Privadas), la Ley 17-2019 (Política Pública Energética) y la Ley 57-2014, además de disposiciones contractuales del Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA) firmado en 2020.
El documento advirtió que, de no recibir la información solicitada antes del 22 de octubre, la AAPP escalará el asunto como una disputa técnica bajo el Artículo 15 del contrato, con el fin de requerir cumplimiento mediante los mecanismos legales disponibles.
“Si LUMA persiste en rehusarse o incumple con sus obligaciones, la AAPP ejercerá todos los remedios disponibles en ley y en equidad, incluyendo solicitar órdenes que obliguen su cumplimiento”, concluyó la segunda carta.
Respuesta de la AEE
Como parte de la controversia, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también emitió una comunicación oficial firmada por su directora ejecutiva, Mary Carmen Zapata Acosta, en la que rechazó categóricamente las expresiones de LUMA sobre supuestos atrasos de pago y una alegada falta de financiamiento.
En su carta la AEE denunció que el mensaje enviado por la empresa a sus suplidores constituye “una estrategia para trasladar su responsabilidad a la Autoridad y ejercer presión pública a través de los suplidores”.
“La Autoridad rechaza categóricamente la información y expresiones contenidas en dicho correo. Este tipo de comunicación forma parte de una campaña mediática de LUMA dirigida a desviar la atención de sus incumplimientos contractuales y su evidente mal manejo de fondos públicos”, expresó Zapata Acosta en el documento.
La funcionaria sostuvo que el déficit de liquidez no responde a fallas de la AEE, sino a negligencia fiscal y falta de cumplimiento de LUMA bajo el contrato de transmisión y distribución. Entre los hallazgos más relevantes, detalló que LUMA mantiene bajo su control la facturación, el cobro y la administración del efectivo desde 2021, pero ha fallado en tramitar oportunamente los reembolsos federales y en presupuestar gastos recurrentes de emergencia, lo que ha provocado un desequilibrio superior a $800 millones.
“ste déficit de liquidez no es el resultado de fallas de la Autoridad, sino de fallas de LUMA en el cumplimiento con sus obligaciones y responsabilidades bajo el T&D OMA de, entre otros, administrar responsablemente los fondos públicos bajo su control, facturar, cobrar por el servicio eléctrico, lograr ahorros, mitigar hurtos y pérdidas, y tramitar oportunamente los reembolsos federales. La evidencia demuestra que LUMA ha utilizado cientos de millones de dólares en gastos no presupuestados”, puntualizó la directora ejecutiva.
Además, Zapata Acosta enfatizó que la compensación anual de LUMA asciende a aproximadamente $140 millones, cifra que “aumenta automáticamente cada año conforme al índice de inflación”, lo cual, a su juicio, contrasta con los reclamos de la empresa sobre falta de fondos.
En su cierre, la AEE exhortó a LUMA a “enfocar sus esfuerzos en remediar sus ineficiencias operacionales y administrativas”, en lugar de recurrir a campañas que “promuevan información incompleta”.