El Senado de Puerto Rico aprobó el lunes el Proyecto del Senado 684 para incluir al sector de alimentos entre los servicios críticos y esenciales durante periodos de emergencia energética.
La medida enmienda la Ley 17-2019, conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, y la Ley 57-2014, Ley de Transformación y Alivio Energético. Con esta modificación, supermercados, panaderías, centros de acopio y suplidores esenciales podrán beneficiarse de planes prioritarios de energía y programas de resiliencia eléctrica.
Según la exposición de motivos, “en momentos de emergencias, la seguridad alimentaria del pueblo depende en gran medida de que la comida disponible no se pierda por falta de energía en los refrigeradores y neveras de almacenes de alimentos y supermercados”. La medida busca reforzar la seguridad alimentaria y reconocer el rol del sector dentro de la infraestructura esencial del país.
Otras medidas aprobadas
El Proyecto del Senado 198 enmienda la Ley 33-2008 para incluir a los municipios entre las entidades que deben establecer programas de monitoreo de calidad en los servicios públicos. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de evaluación ciudadana mediante buzones y plataformas digitales, promoviendo la retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía.
Durante el debate, se destacó que la medida permitirá al pueblo evaluar la ejecutoria de los equipos municipales sin imponer cargas adicionales a los ayuntamientos. Legisladores de mayoría expresaron que con esta enmienda se obtendrá una radiografía anual del nivel de satisfacción de los servicios municipales, como ya ocurre con otras entidades gubernamentales.
Otra medida avalada fue el Proyecto del Senado 214, que amplía el Código de Incentivos de Puerto Rico para incluir entre las actividades elegibles los negocios dedicados a la construcción o instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La disposición pretende fomentar la competencia y evitar monopolios en un sector en expansión, además de apoyar la transición energética y la reducción de emisiones.
También se aprobó el Proyecto del Senado 218, que modifica el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para disponer que los vehículos, embarcaciones o equipos pesados del Gobierno de Estados Unidos o de Puerto Rico vendidos en subasta pública estén sujetos al arbitrio correspondiente, salvo los adquiridos hace más de 10 años, que estarán exentos. La medida busca un balance contributivo y asegurar el uso prolongado de los activos públicos antes de su venta.
En materia educativa, el Proyecto del Senado 461 crea la Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía, adscrita al Departamento de Educación (DE), dirigida a jóvenes adultos de 21 a 25 años con diversidad funcional que culminan el programa de educación especial. La legislación establece un proyecto piloto en el Instituto Tecnológico de Manatí para promover la independencia y el desarrollo de destrezas laborales.
El Proyecto del Senado 627 crea el Destino Turístico Paraíso del Este, ordenando a la Compañía de Turismo de Puerto Rico preparar un Plan Estratégico de Desarrollo y Mercadeo del Destino, además de crear una Junta Ejecutiva encargada de su implementación. La medida busca impulsar el turismo y la economía en la región este de la isla.
En el ámbito económico, el Proyecto del Senado 529 establece el programa “Apuesta a Ti, Joven”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), para fomentar el emprendimiento juvenil mediante capacitación y asistencia técnica. A su vez, la Resolución del Senado 225 ordena investigar la viabilidad de reactivar la Central Coloso en Aguada como atractivo turístico y motor de desarrollo regional.
En materia laboral, la Resolución del Senado 194 dispone un estudio sobre la implementación de horarios escalonados en agencias gubernamentales, la Rama Judicial, la Legislatura y los municipios, con el propósito de reducir la congestión vehicular y mejorar la productividad del servicio público.
En el área de salud, el Proyecto del Senado 617 amplía la Ley 101-2023 —originalmente centrada en la depresión posparto— para atender otros trastornos de salud mental perinatal, promoviendo la detección temprana y el tratamiento efectivo durante el embarazo y el posparto.
Finalmente, el Proyecto de la Cámara 97 modifica la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para requerir que, al expedir una orden de protección, las autoridades entreguen a la víctima un plan de acción detallado con los pasos a seguir y los servicios disponibles.
Senado confirma nombramientos judiciales
El Alto Cuerpo también confirmó ocho designaciones del Ejecutivo tras un informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz.
Entre los nombramientos ratificados figuran las licenciadas Evelyn Trinidad Martell y Germaine Báez Fernández como juezas superiores del Tribunal de Primera Instancia, y el licenciado Laudelino F. Mulero Clas como juez municipal.
Asimismo, se confirmaron las licenciadas Haifa María Notario Toll y Waleska Morales Toro como juezas administrativas de la Administración para el Sustento de Menores, y los fiscales Pedro Juan Mateo Casado, Adriana Morales Rivera y Albert Torres Mercado como parte del Departamento de Justicia.