Hace una década, Puerto Rico y Grecia eran citados como ejemplos emblemáticos de los riesgos asociados al endeudamiento excesivo. Hoy, sus trayectorias económicas reflejan un marcado contraste: mientras Grecia ha logrado retomar el crecimiento y registrar superávits fiscales, Puerto Rico continúa atrapado en un prolongado estancamiento.
Tanto la crisis de impago griega como la puertorriqueña fueron presentadas como casos ejemplares de las fallas administrativas y debilidades estructurales dentro de las economías desarrolladas. Sin embargo, el caso helénico adquirió características singulares dentro del contexto europeo. Los rescates sucesivos liderados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, junto a la imposición de severos programas de austeridad, convirtieron la crisis griega en una de las vicisitudes más graves experimentada por la Eurozona.
Si bien las causas estructurales de la deuda griega guardan paralelismos con la boricua, la impronta austera que dominó su política pública se ha desdibujado casi por completo. Aunque el coeficiente de endeudamiento heleno asciende al 152% del Producto Interno Bruto (mientras el de Puerto Rico era de 63%), Grecia ha logrado un proceso exitoso de ajuste y reducción de obligaciones, producto de negociaciones consensuadas con sus acreedores principales.
Hoy el país figura entre las economías de mayor dinamismo en la Eurozona, con un crecimiento promedio estimado en 2.6% anual desde el 2021. A ello se suma un superávit fiscal del 1.3% del PIB y un aumento de la recaudación tributaria equivalente al 3% del PIB para el año fiscal 2024.
La brecha que antes aproximaba los casos de Puerto Rico y Grecia hoy resulta difícil de sostener. Pese a cierta mejora fiscal, Puerto Rico se mantiene en estancamiento: su crecimiento anualizado entre 2020 y 2024 apenas alcanza el 0.6%, mientras que el Índice de Actividad Económica registra retrocesos desde 2024.
A la situación puertorriqueña se suma la reciente destitución de seis miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en medio del litigio por el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. El desenlace de dicho proceso será determinante para el futuro energético del país y para cualquier aspiración de desarrollo económico sostenido. Mientras la crisis energética no se resuelva, la capacidad de acción local para promover el desarrollo humano y económico sostenido a largo plazo permanecerá severamente limitada.
La historia económica indica que ni la autonomía fiscal ni la soberanía política garantizan inmunidad frente a futuras crisis crediticias. Sin embargo, la carencia de estas prerrogativas se ha hecho patente en el caso puertorriqueño: desde la intervención del Congreso de Estados Unidos y la reestructuración bajo la Ley PROMESA, el margen de maniobra local ha estado limitado a la voluntad de un organismo no electo por los puertorriqueños.
En contraste, Grecia hizo uso frecuente de su soberanía en las negociaciones con el FMI, como en la convocatoria de un plebiscito para rechazar los términos de ajuste de la deuda. La capacidad de los funcionarios griegos para negociar directamente con los acreedores, sin síndicos externos ni marcos legales impuestos, ha resultado determinante.
Asimismo, los efectos de la diferencia institucional entre la soberanía griega y la dependencia puertorriqueña se reflejan en la divergencia de sus resultados: donde hay soberanía, hubo reconstrucción; donde hay coloniaje, persiste la crisis.