La controversia entre LUMA Energy y el gobierno de Puerto Rico ha alcanzado un punto crítico, agravando la crisis energética que amenaza la estabilidad social y económica de la isla. Aunque la gobernadora Jenniffer González ha enviado señales de que contempla cancelar el contrato con LUMA, sea por la presión política o por convicción real, aún no se ha iniciado un proceso formal para la terminación del mismo. Estas acciones, aunque significativas, reflejan más intenciones que hechos concretos, mientras los apagones persisten y los fondos federales para proyectos siguen estancados.
LUMA, por su parte, sabe que su cabeza tiene precio y ha pasado a la ofensiva. La compañía reclama que el gobierno le debe $800 millones y acusa a la administración de obstaculizar su gestión financiera. Esta postura agresiva, evidenciada en disputas públicas con el zar de Energía, tiene la obvia intención de proteger su posición. Mientras todo esto sucede, la frustración y la molestia de la gente es cada vez más evidente.
Ahora bien, es claro que el juego largo favorece a LUMA. Su contrato, vigente desde 2021, se extiende por 15 años, dándoles margen para resistir presiones temporales. En contraste, el término de la gobernadora es de solo cuatro años, y su éxito político, incluyendo una posible reelección, depende en gran medida de los primeros 18 meses. Si no aborda el caos energético, con apagones que paralizan comunidades y tarifas que agobian a las familias, el malestar popular se convertirá en una factura política.
Amenazar con la cancelación no es suficiente. El gobierno tiene que actuar ya o de lo contrario, el tiempo se acabará para la gobernadora y el descontento en las calles definirá su destino.