Proyecto Dignidad presentó una propuesta para mitigar el impacto del costo energético sobre los consumidores en Puerto Rico, mediante la utilización de los nuevos ingresos generados por el arbitrio federal al ron. La medida busca eliminar de la tarifa eléctrica los cargos relacionados con el pago de las pensiones de los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y trasladar esa obligación al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
La propuesta se da luego de la aprobación de la ley federal H.R. 1, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, firmada el 4 de julio de 2025 por el presidente Donald Trump. Esta legislación establece de forma permanente la tasa de reembolso federal por la producción de ron en Puerto Rico y las Islas Vírgenes en $13.25 por galón de prueba. Según proyecciones oficiales, esta disposición garantizará estabilidad fiscal y generará más de $1,000 millones en la próxima década, con un promedio de $100 millones anuales para la isla.
El Secretario General de Proyecto Dignidad, Roberto Acosta, explicó que esos fondos podrían utilizarse de manera estratégica para aliviar la carga energética de los ciudadanos.
“Proponemos que estos fondos se destinen al pago de las pensiones de los extrabajadores de la AEE. De esta forma, se eliminaría esa carga de la tarifa eléctrica y se ofrecería un alivio directo al consumidor puertorriqueño”, expresó.
El dinero adicional del llamado “Rum Tax” se canalizaría para apoyar la economía y beneficiar a distintos sectores productivos. De concretarse, la iniciativa podría reflejarse en una reducción directa en la factura eléctrica, lo que también impactaría positivamente en los costos operacionales de los comercios y la industria.
La propuesta de Proyecto Dignidad contrasta con la presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien sugirió asignar el 50% de los nuevos ingresos provenientes del arbitrio al ron al fortalecimiento del sistema de retiro de la Policía de Puerto Rico. Rivera Schatz argumentó que estos recursos podrían atender las necesidades de los uniformados retirados, mientras se garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Sin embargo, la colectividad asegura que para ese propósito ya existe otra medida legislativa presentada por la senadora Joanne Rodríguez Veve, que busca redirigir al Fideicomiso para el Retiro de la Policía los fondos asignados actualmente al Fondo de Mejoras Municipales, conocido popularmente como “el barrilito”.
En su análisis, también señalaron que el gobierno enfrenta retos de ejecución en otras áreas fiscales. Mencionaron como ejemplo la aplicación de la Ley 112-2024, que regula los impuestos sobre las máquinas tragamonedas. Aunque la legislación busca capturar ingresos de ese sector para nutrir el Fideicomiso de la Policía, más de 10,000 máquinas ilegales continúan operando sin conexión al sistema del Departamento de Hacienda, lo que impide el cobro efectivo de los impuestos y reduce el flujo de fondos destinados al retiro de los agentes.
La colectividad planteó que una reestructuración más eficiente del uso de los recursos fiscales, en lugar de aumentar impuestos o tarifas, permitiría atender diversas necesidades sin perjudicar a los consumidores. Según el partido, el costo energético en Puerto Rico constituye una de las principales barreras para el desarrollo económico, afectando tanto la competitividad empresarial como el presupuesto de los hogares.
Nombramientos en la colectividad
El anuncio se realizó en el contexto de los nuevos nombramientos dentro del partido. Proyecto Dignidad informó la designación del Profesor José Roberto Acosta López como Secretario General y del Sr. Javier Eduardo Márquez Muñoz como Comisionado Electoral.
El Profesor Acosta López, educador y empresario con experiencia en política pública y gestión educativa, liderará la organización de comités municipales y estrategias de comunicación del partido de cara a las elecciones de 2028. Por su parte, Márquez Muñoz, con experiencia en procesos electorales, asumirá la dirección de los asuntos relacionados con la Comisión Estatal de Elecciones.
Con estos nombramientos y la presentación de su propuesta energética, Proyecto Dignidad reafirmó su intención de ofrecer soluciones fiscales y estructurales que, según sus portavoces, promuevan un alivio económico tangible para la población y una gestión gubernamental más eficiente.