La Federación y la Asociación de Alcaldes junto a la Junta de Alcaldes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), solicitaron este viernes la devolución del Proyecto de la Cámara 420, que propone congelar el impuesto al inventario por tres años y eliminarlo eventualmente.
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El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, sostuvo que el proyecto, tal como está redactado, podría causar un impacto fiscal severo para los municipios que dependen de esos ingresos para operar.
“Solicitamos que la medida sea remitida nuevamente a la asamblea legislativa para que sea enmendada conforme al plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista. Nuestra posición ha sido la misma desde el primer momento; tal como está redactado el proyecto provocaría un impacto fiscal severo para los municipios que dependen de esos ingresos para sostener servicios esenciales y cumplir con sus obligaciones financieras. Por eso, solicitamos su devolución a la Cámara de Representantes para que se corrija el lenguaje de la medida”, dijo el alcalde.
“Si no se logra ese consenso, entendemos que la gobernadora debe ejercer su poder de veto. Confiamos en que el diálogo continúe y que la decisión final garantice estabilidad a los municipios y a las comunidades que servimos”, expresó Hernández Rodríguez.
El Proyecto de la Cámara 420 propone congelar el impuesto al inventario y eliminarlo en un periodo de tres años. Sin embargo, el plan de gobierno del PNP establece que la sustitución del impuesto debe realizarse en un periodo de cinco años con mecanismos fiscales que aseguren la continuidad de los servicios municipales y una transición ordenada hacia un nuevo sistema de ingresos recurrentes.
Una resolución del organismo que agrupa a los alcaldes penepés solicita que el impuesto al inventario se congele por un periodo de cinco años, del 2026-2027 al 2030-2031, utilizando como base el año contributivo 2024, que generó $314.8 millones en recaudos y manteniendo la tasa contributiva vigente del año fiscal 2024-2025. Además, propone que se incorpore un mecanismo de sustitución que garantice ingresos recurrentes a los municipios sin imponer nuevos impuestos ni afectar los niveles de abasto o los precios al consumidor.
Entre las enmiendas técnicas recomendadas en el documento figuran evitar que el CRIM deba otorgar créditos o reintegros que afecten las remesas municipales, evaluar el impacto en el servicio de deuda municipal —estimado en $129.9 millones anuales— y revisar disposiciones que podrían provocar una tributación más alta si no se aprueba un mecanismo sustituto antes del 30 de junio de 2027.
La federación también reiteró su respaldo a la política pública de autonomía municipal y subrayó la necesidad de que toda legislación que afecte los ingresos de los municipios identifique fuentes alternas de financiamiento.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, hizo un llamado a la asamblea legislativa a mantener apertura al diálogo y atender las enmiendas propuestas al Proyecto de la Cámara 420.
“Solicitamos que la congelación del impuesto al inventario sea por cinco años, que se identifique un sustituto fiscal para los $314 millones que hoy reciben los municipios y que, de no lograrse dicho sustituto en ese periodo, el impuesto retorne a su forma actual. De no abrirse el proceso para enmendar el proyecto, exhortamos a la gobernadora a vetarlo. Tal como está redactado, el PC 420 no cumple con las promesas de campaña y le da la espalda a los gobiernos municipales y a los ciudadanos que dependen de sus servicios”, puntualizó el alcalde popular.
Por su parte, el presidente del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús “Gardy” Colón Berlingeri, expresó confianza en que los líderes legislativos acogerán las recomendaciones de los municipios y solicitarán la devolución del proyecto a la gobernadora para su revisión.
“Estamos confiados en que el presidente de la Cámara de Representantes, así como el presidente del Senado de Puerto Rico acogerán nuestra petición de solicitar a la gobernadora la devolución del P de la C 420 y que acogerán nuestras recomendaciones para enmendar este proyecto. Así, no solo garantizaremos la estabilidad financiera de nuestros municipios, sino que aseguramos la continuidad de servicios esenciales para nuestra ciudadanía”, apuntó.
La resolución será enviada a los presidentes legislativos para su evaluación. Si la asamblea legislativa no solicita la devolución, corresponderá a la gobernadora decidir si firma o veta la medida.