El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico rechazó una moción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que buscaba impedir el uso de grabaciones oficiales de vistas judiciales como parte del expediente apelativo en el caso relacionado al proyecto del Paseo Ciclista de Rincón.
Según documentos judiciales, el DRNA presentó una moción de reconsideración para solicitar que el récord apelativo se base únicamente en transcripciones escritas y no en regrabaciones de las vistas celebradas ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Sin embargo, la petición fue declarada No Ha Lugar por el Panel III del Tribunal de Apelaciones, lo que mantiene vigente una resolución previa que autoriza a los apelantes a someter grabaciones de audio como parte del expediente.
El caso apelado se origina en la Sala Superior de Aguadilla, donde un grupo de residentes presentó una acción legal para solicitar la paralización del proyecto conocido como Paseo Ciclista o Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón. Los demandantes alegaron que la obra se desarrollaba sin cumplir adecuadamente con los procesos de permisos ni con las protecciones ambientales aplicables a zonas costeras.
El proyecto es promovido por el Municipio de Rincón junto a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y comprende una ruta costera que discurre por áreas cercanas a la zona marítimo terrestre, lo que ha generado controversia ambiental y oposición de grupos comunitarios. Según expedientes judiciales, los demandantes sostienen que la construcción afecta bienes de dominio público, recursos naturales y áreas que requieren evaluación ambiental rigurosa.
En mayo de 2025, el juez Johnny Reyes Villanueva desestimó la demanda original y dejó sin efecto la orden de paralización temporera que se había emitido mientras se evaluaba el caso. El tribunal fundamentó su determinación en insuficiencia de prueba ante los señalamientos presentados por la parte demandante.
Durante aquella etapa, la representación legal de los residentes argumentó que el proyecto se aprobó sin contar con un deslinde vigente de la zona marítimo terrestre y utilizando documentación incompleta o desactualizada. También alegaron que faltaban documentos oficiales en el expediente, incluyendo endosos, certificaciones técnicas y comunicaciones entre agencias. Las agencias demandadas, entre ellas el DRNA, la ACT, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación, rechazaron esas alegaciones y defendieron la legalidad del proceso de permisos.
Tras la desestimación, el caso fue llevado en apelación.
Antes de subir el caso al Tribunal de Apelaciones, ya existía una disputa activa en el Tribunal de Primera Instancia sobre el contenido del expediente judicial. Según consta en el récord judicial, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) presentó una moción oponiéndose a la incorporación de documentos y certificaciones sometidos por los demandantes, y solicitó que se “desglosaran” (removieran) del expediente. El juez Johnny Reyes Villanueva acogió esa solicitud y emitió una orden el 17 de septiembre de 2025 disponiendo “Se ordena el desglose”, según notificación oficial del tribunal. La representación legal de los demandantes sostuvo en sus escritos que esos documentos eran públicos y estaban relacionados al proyecto, mientras la ACT argumentó que no procedía considerarlos en esa etapa procesal.
Controversia por el acceso al récord judicial
Uno de los temas principales en esta etapa apelativa es el contenido del récord judicial. Los apelantes solicitaron presentar grabaciones de las vistas judiciales en lugar de transcripciones, argumentando que esta alternativa permitiría un trámite más rápido y menos costoso. Sostienen que el récord debe reflejar fielmente lo ocurrido en sala y que excluir las grabaciones limitaría la evaluación de la prueba.
Por su parte, el DRNA se opuso al uso de las grabaciones alegando que el Tribunal debía tener acceso a toda la prueba en contexto y que, a su juicio, esto se logra únicamente mediante transcripción de las vistas. La agencia expresó preocupación por el uso de porciones seleccionadas de audio en lugar de un expediente completo.
El Tribunal de Apelaciones no acogió los argumentos del DRNA y determinó que no era necesario modificar la autorización previamente concedida a los apelantes. Con esta determinación, el foro apelativo mantiene la posibilidad de que el récord incluya material auditivo.
La controversia se da en momentos en que en el País se discuten enmiendas a leyes relacionadas con la transparencia gubernamental y el acceso a información pública.