La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) negó que el Gobierno de Puerto Rico haya admitido algún tipo de deuda con LUMA Energy o incumplimiento del contrato de operación de la red eléctrica, en una moción informativa presentada ante el Tribunal Federal que atiende la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La AAFAF explicó que ha sido “repetidamente malinterpretado” el contenido de una nota al calce incluida en una moción presentada el 2 de mayo de 2025, utilizada por algunos sectores para argumentar que el gobierno reconoció una deuda con LUMA o incumplimiento contractual. La agencia rechazó ambas premisas.
El documento surge en medio de un aumento en tensiones legales entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy, operador privado del sistema de transmisión y distribución. La moción es radicada cuatro días después de que LUMA solicitara autorización judicial para transferir fondos y pagar 182 millones de dólares en reclamaciones administrativas, argumentando que la AEE se niega a autorizar pagos a suplidores críticos.
En su escrito, radicado el 27 de octubre de 2025, la AAFAF aclara que la referencia original a problemas de liquidez en la AEE fue citada fuera de contexto. “Ni formal ni implícitamente AAFAF ha reconocido que exista deuda alguna con LUMA”, sostiene la agencia, que añadió que su comentario reflejaba únicamente dificultades de flujo de efectivo en PREPA durante un ciclo de financiamiento operacional.
La agencia responsabilizó a LUMA por la situación financiera de la corporación pública al alegar que, desde 2021, la empresa tiene control total sobre los recaudos del sistema y la gestión de reembolsos federales. “La AEE no tiene fuentes independientes de ingreso; su liquidez es un reflejo directo de la capacidad de LUMA para generar y administrar efectivo”, sostuvo AAFAF en la moción.
Añadió que las limitaciones de caja de la AEE “resultan directamente de deficiencias de LUMA en procesos de facturación, recaudación y manejo de solicitudes de reembolso federal”, además de señalar que la empresa ha sido lenta en tramitar fondos asociados a proyectos de reconstrucción financiados con dinero federal.
AAFAF también rechazó el argumento de que el gobierno esté obligado a proveer fondos a LUMA. Indicó que las transferencias de dinero realizadas en 2021 y 2023 fueron aportaciones únicas para garantizar continuidad operacional durante la transición del sistema eléctrico, y no un compromiso recurrente del erario.
Aunque la moción menciona que algunos señalamientos públicos se han basado en información incompleta o incorrecta, la agencia aclaró que este documento “no constituye una respuesta formal” a la solicitud reciente de LUMA para que el Tribunal le autorice acceso directo a fondos operacionales. AAFAF adelantó que reaccionará a ese planteamiento “en el momento procesal correspondiente”.
“El propósito de este escrito es clarificar el récord y evitar que interpretaciones incorrectas distorsionen el proceso judicial ante este Honorable Tribunal”, concluyó AAFAF.