El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que aumenta de $100 a $500 la multa a conductores que no hagan caso a las señales de alarma y no den paso a los vehículos oficiales de emergencia.
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Se trata del Proyecto del Senado 716, radicado por los senadores Jeison Rosa Ramos y Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, con el fin de enmendar el artículo 6.14 de la Ley 22-2000, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.
“Las penalidades aquí establecidas buscan disuadir la conducta agresora que pueda repercutir el ignorar las señales de alarma ante el acercamiento inmediato de un vehículo de emergencia. Es un problema mayor, que incluso puede involucrar la vida de seres humanos. Hay que llevar el mensaje a los ciudadanos de que este tipo de conducta no será tolerada. Puerto Rico debe destacarse como una sociedad sensible y vanguardista, que respeta la ley y el orden”, menciona la pieza legislativa.
“Esta Ley es necesaria, no sólo para la protección de la vida de personas que están siendo transportadas en situaciones de emergencia, o, de vehículos de emergencia que se dispongan a llegar a alguna escena, sino, para colaborar a desarrollar una sociedad puertorriqueña más empática en situaciones de emergencia”, añade la medida.
La ley señala que cuando un vehículo de emergencia autorizado (Policía o ambulancia) se acerque emitiendo señales de alarma, el conductor de todo vehículo debe ceder el paso e inmediatamente situarse en una posición para la y al extremo o encintado de la derecha de la vía de rodaje de las intersecciones y ceder el paso hasta que el vehículo de emergencia haya pasado.
La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes para ser aprobada y posteriormente debe ser firmada por la gobernadora.
Otras leyes firmadas en el Senado
Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 691, de la autoría de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, para enmendar la Ley 22-2000, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de reconocer oficialmente la licencia de conducir virtual como una identificación válida en gestiones del sector público y privado, equiparándola legalmente a la licencia física.
“La implementación de este tipo de verificación de identidad permite una identificación de manera rápida, segura y accesible, incluso sin conexión a internet. Esto reduce la dependencia del documento físico, agiliza procesos, disminuye costos administrativos y mejora la experiencia del ciudadano. Además, fortalece la ciberseguridad mediante autenticación biométrica y cumple con estándares federales como el Real ID. Esta medida impulsa la modernización del gobierno y promueve una gestión más ágil, segura y centrada en la tecnología. Legalizar el uso de la licencia virtual representa un paso hacia un gobierno más eficiente, seguro e innovador, centrado en el servicio al ciudadano”, cita la medida en su exposición de motivos.
El proyecto, evaluado por la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, establece que la licencia de conducir virtual podrá ser utilizada para validar permisos y trámites en agencias públicas, bancos, comercios y cualquier institución privada, excepto en aquellos casos en los que leyes o reglamentos federales requieren el uso de una identificación física específica.