El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, sostuvo que la gobernadora Jenniffer González Colón intenta capitalizar políticamente el veto al Proyecto de la Cámara 420, cuando su delegación legislativa ya había expresado las mismas preocupaciones sobre la falta de una fuente de sustitución para los municipios.
“Hoy la gobernadora vetó el proyecto del impuesto al inventario. Bueno, nosotros, nuestra delegación del Partido Popular Democrático, está en récord. Nosotros votamos en contra del proyecto precisamente porque no estaba acompañado de una garantía de un sustituto a los cerca de 320 millones que le quitarían a los gobiernos municipales”, expresó Hernández en el Senado.
El legislador recordó que la medida no contaba con mecanismos para reemplazar los fondos que genera ese impuesto, lo que afectaría el funcionamiento municipal.
“El proyecto no estaba acompañado de una garantía de un sustituto”, reiteró.
La gobernadora vetó la medida al argumentar que “no presenta una fuente recurrente de ingresos para los municipios” y explicó que aprobarla “representa que el gobierno tendría que pagar el año que viene $314 millones para poder sustituir” los recaudos.
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Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, González Colón anunció que volvería a someter una versión revisada del proyecto.
“Voy a estar radicando hoy mismo el proyecto tal y como se originó el 18 de marzo que incluye congelación del impuesto por cinco años y sin sustitución. En esta ocasión con el respaldo de los 78 municipios en Puerto Rico de que esa medida se apruebe tal y como la estamos radicando”, sostuvo.
Hernández cuestionó, sin embargo, que la gobernadora intentara presentar su decisión como una defensa de los alcaldes.
“Ella para salir bien le puede echar los vientos al que sea y hoy ustedes están viendo que la gobernadora intenta lucir bien diciendo que ella escuchó a los alcaldes y que el Senado no escucha a sus alcaldes”, señaló el senador popular.
El impuesto al inventario genera entre $210 y $230 millones anuales a los municipios, según el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). La Federación y la Asociación de Alcaldes habían solicitado el veto por entender que la aprobación del proyecto pondría en riesgo servicios esenciales en las comunidades.
La gobernadora insistió en que su decisión se ajusta a su plan de reforma contributiva, que, según explicó, podría representar un impacto de más de $500 millones en recaudos.