Politizada desde su génesis la Oficina de Base de Fe de Educación

Del CPI.

Sin hacer ningún anuncio público, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, creó, a finales de septiembre, una Oficina de Base de Fe dentro de la agencia. El maestro bibliotecario Noé González Ruiz, de la Escuela Ricardo Arroyo Laracuente en Dorado, fue designando como enlace principal de la nueva oficina, y siete personas fueron designadas como enlaces regionales. Seis de los ocho funcionarios designados a esta oficina son donantes de políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“El señor González estará a cargo de liderar las iniciativas y actividades del DE y ofrecerá orientación y asistencia a las Oficinas de Base de Fe, incluyendo aquellas creadas por empleados y estudiantes, sin discriminar ninguna religión o denominación eclesiástica. Además, este también coordinará sus gestiones y actividades con la Oficina, de manera que se alinee y cumpla la política pública del Ejecutivo”, lee la carta circular enviada por el secretario del 29 de septiembre.

Aunque la carta fue emitida a finales de septiembre, publicaciones de la designada enlace en la región de Ponce, María de los Ángeles Piris Grau, en su perfil de Facebook, muestran que desde al menos una semana antes se llevó a cabo una reunión en esa región relacionada a la organización de la Oficina.

Al hablar sobre la iniciativa del Departamento, que, según la carta, surge tras la aprobación en abril de 2025 de la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, el director de la Oficina de Base de Fe de La Fortaleza, Juan M. Gaud Pacheco, publicó en sus redes sociales: “Se prometió, se legisló y ahora se implementa. El temor de las agendas ideológicas y sexualizantes. Y no solo la Ley 14, sino una base legal sólida. Búscala en la página del Departamento de Educación. Como debe ser… ahora temen aquellos que nos lanzaron a los leones”.

Entre los logros que se adjudica la Oficina de Base de Fe de La Fortaleza, desde que en agosto de 2025 la gobernadora nombró a Gaud Pacheco a dirigirla, se destacan encuentros religiosos de cultos, misas, reuniones de pastores o capellanes, decretos de ayuno o reflexión en municipios y en agencias como el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda, la Legislatura y en escuelas públicas. La Oficina se adjudicó como logro la firma de la Ley 64, que flexibiliza el Código de Rentas Internas para otorgar exenciones contributivas a organizaciones religiosas sin fines de lucro, y la construcción de la Plaza del Creyente en el área del Capitolio, a un costo de más de $200 mil.

Enlazados por la Palma

El secretario del DE expresó, en televisión, que “[la Oficina] no le cuesta al sistema algo adicional, simplemente el tiempo de estos recursos para poder trabajar con lo que es política pública. No se va a estar hablando de religión, esto no busca fomentar el adoctrinamiento, busca asegurar el cumplimiento con las leyes, asegurar que las organizaciones puedan tener su espacio”.

En una declaración escrita, el DE comunicó al CPI que la Oficina de Base de Fe de la agencia facilitará y coordinará con organizaciones de base de fe para que participen de la gestión educativa.

A tres días de que se divulgara la carta circular, la Oficina Regional Educativa de Arecibo anunció, en su perfil de Facebook, “servicios en Base de la Fe al mediodía en nuestras escuelas y en los centros gubernamentales de las agencias del gobierno de Puerto Rico, sin afectar el horario laboral ni el tiempo lectivo”.

Entre los enlaces nombrados, está Enrique Cordero Soto en la región de Arecibo, quien es pastor de la iglesia evangélica Huellas de Jesucristo y funge como superintendente del DE en Arecibo. Ivelize Flores Colón, nombrada en la región de Humacao, es legisladora municipal por el PNP en Patillas. Piris Grau lleva 30 años en el Departamento en distintos puestos y se muestra activa en su perfil social en actividades de la gobernadora Jenniffer González Colón y la reciente Convención de la Palma.

El encargado de la Oficina y varios enlaces regionales de Base de Fe han donado a políticos del PNP. Por ejemplo, González Ruiz donó casi $800 al comité de campaña de la gobernadora, al exsecretario del Departamento de Corrección y luego aspirante PNP a la alcaldía de Dorado, Erik Rolón Suárez, así como al comité de la representante cameral penepé Tatiana Pérez Ramírez.

González Ruiz ha compartido, en su perfil de la red social Facebook, videos y publicaciones sobre sobre la “incoherencia del socialismo”, “los socialistas entre ellos se critican” y cómo va “en picada el juego de la izquierda”. También ha compartido publicaciones en apoyo al asesinado activista de derecha estadounidense Charlie Kirk. En octubre de 2024, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella en su contra porque, durante una actividad de su escuela, en el Pabellón Rafael Hernández Colón de Dorado, expresó a viva voz e instó al público a repetir la consigna “a toda marcha y con más fuerza” de la última campaña a la reelección del fallecido alcalde Carlos A. López Rivera. Al bibliotecario, la OEG le impuso una multa de $3,000.

El CPI solicitó entrevista con González Ruiz, pero no estuvo disponible.

Piris Grau donó, en total, $585, distribuidos entre candidatos. El principal donativo fue al aspirante PNP a la alcaldía de Utuado Javier Molina Pagán, quien ha tenido posiciones en el DE. También donó al comité de la gobernadora, y al actual director de la Administracion de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Ramón Burgos Bermúdez, quien aspiró a representante por el PNP en Ponce.

Flores Colón donó un total de $620 a la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris, así como al Comité PNP del municipio.

Por su parte, Cordero Soto aportó al comité de Obed D. Cintrón González, quien aspiró a la alcaldía de Adjuntas por el PNP. Carlos J. Ramírez Rosario, enlace de la región de Caguas, también aportó al comité de la gobernadora, al de la representante Pérez Ramírez y al representante José Aponte Hernández, un total de $675.

La persona designada como enlace por la región de Mayagüez, Wandalis Valle Rosado, ha sido directora de la Escuela Sebastián Pabón Alves de Cabo Rojo, mientras que la designada por la región de San Juan, Alicia López Acevedo, fue directora de la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels en Carolina y ahora es superintendente. Francisco Pagán Morales es superintendente auxiliar y ahora enlace religioso en esa oficina de la región de Bayamón. Donó $100 al comité del exgobernador Pedro Pierluisi.

¿Necesaria esta oficina en el DE?

Para la primera vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Yanira Reyes Gil, la creación de esta oficina en el DE “es innecesario, igual de innecesaria que la Ley de Libertad Religiosa, porque la Constitución establece claramente la protección contra el discrimen por ideas religiosas y a profesar su religión, o sea, que expresen esas ideas religiosas, así que no hacía falta. No hay un problema de situaciones discriminatorias [por creencias religiosas] en las escuelas”.

Entre las responsabilidades que tendrá la Oficina, están desarrollar e implementar el plan de trabajo ejecutivo, coordinar con las demás agencias del ejecutivo para la implementación del plan, orientar a la comunidad escolar y atender cualquier situación relacionada a las oficinas de base de fe que surja en alguna de las dependencias del DE.

Reyes Gil manifestó preocupación sobre el hecho de que se podrán dar adiestramientos sobre temas religiosos y coordinar actividades relacionadas con la fe desde esta Oficina. “Incluso, lo que más me preocupa es el llamado explícito a estudiantes, empleados y personal a participar en esa actividad religiosa. A mí me parece que esto puede tener muchos peligros porque puede establecer presiones para que las personas participen de estas actividades que esta oficina va a promulgar, o en lo contrario, pues va a establecer algún aislamiento de las personas que no participen”.

Para el teólogo y catedrático de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana, Francisco Concepción Márquez, la carta que emitió Educación “dice un montón de cosas y no dice nada”. Opinó que “no hay manera de que uno pueda saber ni siquiera qué significa la existencia de esa oficina, excepto que van a tener un personal que supuestamente va a encargarse de ayudar a la agencia y a las escuelas a tomar decisiones en asuntos de naturaleza religiosa. El gran peligro de esta carta es que establece un privilegio para el discurso religioso”.

Según el DE, el establecimiento de esta Oficina se justifica tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado como la de Estados Unidos; así como la Ley de Reforma Educativa de 2018, las recientes leyes 10 y 14; la orden ejecutiva 20, que crea la Oficina de Base de Fe adscrita a la Oficina de la Gobernadora, y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La licenciada Reyes Gil destacó que la Constitución de Puerto Rico dice que “el gobierno no puede establecer una religión oficial. Implica que debe haber un objetivo de neutralidad religiosa por parte del Estado, lo que quiere decir que no solamente evita que se imponga una religión específica, sino también que el gobierno no adopte una postura religiosa como parte de las políticas públicas”. Mencionó que esa misma Constitución decreta que el sistema educativo “será un sistema público, libre y no sectario. Eso quiere decir que el sistema de educación no puede ser un sistema religioso. Cuando combinamos eso con lo que establece esta oficina y el discurso que está siendo implementado por el gobierno, a partir de estas leyes que ellos citan, se está estableciendo un sistema educativo que privilegia el mensaje religioso”.

Reyes Gil alertó que habrá que ver “cómo se va a manifestar esa protección antidiscrimen cuando se trata de una religión no cristiana o cuando se trata de una persona que no sea religiosa”.

Si tutores, maestros o alumnos objetaran esta circular ante un tribunal tendrían que “demostrar que le causa algún daño”, anticipó por su parte Concepción Márquez, quien afirmó que la carta viola el principio de neutralidad, pero el tribunal no atenderá ningún caso que no demuestre legitimación activa. “Tenemos un Tribunal Supremo controlado por el Partido Novoprogresista, así que las posibilidades de que ese mismo tribunal vaya a fallar en contra del Estado son bastante bajas”, concluyó.

La organización magisterial Educamos repudió la carta circular en un comunicado en el que concluyó que “toda la niñez y juventud que se educa en las escuelas públicas de Puerto Rico merece recibir una educación laica y principios éticos… el sentido ético y humanista deben prevalecer sobre las presiones e intereses de sectores privados”. Asimismo, la organización Frente Amplio de Acción Social exigió “una educación pública plural, crítica y libre de imposiciones religiosas”.

Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUÍ.