La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el nuevo Plan de Clasificación y Retribución de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el cual incluye aumentos salariales para el 98% de los empleados activos y ajustes en todas las plazas vacantes presupuestadas. La medida fue avalada tras concluir que el plan cumple con los principios de la Reforma del Servicio Civil y la política de compensación uniforme del Gobierno central.
Según la carta firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., y dirigida al contralor electoral Walter Vélez Martínez, la implementación del nuevo plan representará un costo anual total de $1.33 millones, incluyendo beneficios marginales. El impacto alcanza a 41 empleados activos y tres plazas vacantes, además de cuatro posiciones no presupuestadas.
“El plan propuesto está alineado con la metodología, principios y enfoques de la Reforma del Servicio Civil establecida en el Plan Fiscal certificado”, indicó Mujica en la comunicación enviada el 30 de octubre de 2025.
Los aumentos promedian $19,983 anuales por empleado activo y $29,223 por cada puesto vacante presupuestado, según los cálculos del organismo fiscal. La nueva escala salarial fija sueldos que van desde $33,271 anuales (unos $2,773 mensuales) para puestos de entrada hasta $122,349 anuales ($10,196 mensuales) para directivos como los directores de auditoría y asuntos legales.
Entre los puestos que experimentarán ajustes figuran auditores de donativos y gastos, especialistas en presupuesto, recursos humanos y contabilidad, así como personal de apoyo técnico y administrativo. En total, el plan cubre tanto empleados de carrera como de confianza.
La JSF condicionó la aprobación del plan a que la OCE actualice sus guías internas de administración salarial, conforme a los nuevos estándares del mercado y a la política de compensación uniforme que implementará la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Estas guías servirán de referencia para todas las agencias exentas bajo la Ley 8-2017.
“Reconociendo la urgencia de modernizar la estructura salarial de la OCE, la aprobación queda supeditada a su compromiso formal de revisar sus guías administrativas”, puntualizó la JSF.
Con esta determinación, la Junta indicó que busca avanzar en la uniformidad y modernización del sistema de compensación del sector público, un componente clave del Plan Fiscal y de la Ley PROMESA.