La juez superior del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, Irmarie Cintrón Alvarado, encontró causa probable contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, un contratista y su empresa.
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Según se indicó mediante una comunicación escrita, los fiscales especiales independientes, radicaron denuncias criminales contra la exfuncionaria, al igual que contra José M. Huertas Torres y su empresa 3T Industrial & General Contractor.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), previamente había acogido una recomendación del Departamento de Justicia, en cuanto a la designación de un FEI.
El PFEI explicó en declaraciones escritas que las denuncias están basadas en los hallazgos de una pesquisa relacionadas con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras.
El caso gira sobre la malversación de $7 millones en fondos públicos. Las denuncias realizadas en el día de hoy abracan inicialmente solo $1.2 millones de ese monto, que se iban a utilizar para la canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.
De la pesquisa surgió, entre otros hallazgos, que se utilizó propiedad pública para gestiones personales y haber utilizado o permitido que se utilizaran fondos públicos para fines contrarios a la ley.
Las denuncias presentadas ante el tribunal son: Negligencia en el cumplimiento del deber (Art. 263); lavado de dinero (Art. 221); Apropiación Ilegal Agravada (Art. 182); Fraude (Art. 202); Apropiación Ilegal de Identidad (Art. 209); Falsificación de documentos (Art. 211); Falsedad Ideológica (212); Archivo de documentos o datos falsos (Art. 216); Perjurio (art. 269); Impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos (281); tentativa de destrucción de pruebas (Art. 285); y Fraude o engaño sobre testigos (Art. 282).
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